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EE. UU. debe llevar esta demanda al Consejo de Seguridad de la ONU

Washington DC – El gobierno de Biden debería exigir inmediatamente a Ecuador que libere al exvicepresidente Jorge Glas y le permita regresar al asilo político que le había concedido el gobierno mexicano, dijo Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política. Glas había solicitado asilo político en la embajada de México, alegando que es víctima de persecución y amedrentamiento por parte de la fiscal general Diana Salazar y del gobierno de Daniel Noboa. El gobierno mexicano accedió a su petición de asilo político el viernes; las autoridades ecuatorianas asaltaron la embajada el viernes por la noche, al parecer hiriendo a varios ciudadanos mexicanos y tirando al suelo al segundo al mando de la misión mexicana – un diplomático de carrera – en un dramático incidente grabado en video. “El gobierno de Ecuador ha cometido un delito muy grave, que amenaza la seguridad de las embajadas y los diplomáticos de todo el mundo, especialmente las de Estados Unidos, que enfrenta amenazas a sus embajadas en gran parte del mundo”, afirmó. “La comunidad internacional no puede permitir que esto ocurra. Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, debería proponer también ahí una resolución para forzar la liberación del prisionero secuestrado”. Las acciones del gobierno ecuatoriano violan la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas y supone una amenaza directa a los principios de asilo, de soberanía nacional y de inmunidad diplomática. Esta clara violación del derecho internacional es la última de una serie de acciones preocupantes del gobierno de Noboa, que incluyen su declaración de un “conflicto armado interno”, el despliegue de fuerzas militares para hacer cumplir la ley en el país, detenciones masivas y violaciones rampantes de los derechos humanos. La incursión del gobierno de Noboa en la embajada ha sido condenada por muchos gobiernos de la región, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras (actual presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC), Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Antigua y Barbuda. El presidente colombiano, Gustavo Prieto, afirma que su gobierno está buscando la protección de los derechos humanos de Glas. Canadá criticó la actuación del gobierno ecuatoriano. Tanto la Organización de Estados Americanos como la CELAC han emitido declaraciones en las que rechazan las acciones del gobierno de Noboa, y han afirmado que celebrarán reuniones especiales para abordar el asunto. Josep Borell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, condenó el asalto a la embajada, y el Secretario General de la ONU emitió una declaración “subrayando que las violaciones de este principio ponen en peligro la prosecución de unas relaciones internacionales normales”. Weisbrot señaló que delitos como el cometido por Ecuador el viernes son bastante raros, y se toman muy en serio, debido a la amenaza que suponen para el sistema de la diplomacia internacional. Éste es el sistema en el que se basan las naciones para internar resolver los conflictos sin violencia ni guerra. La Corte Internacional de Justicia ha sostenido que “no hay requisito previo más fundamental para las relaciones entre Estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y las embajadas…”. Varios miembros del Congreso estadounidense también han condenado las acciones del gobierno de Noboa. La declaración de la administración de Biden, hecha ayer por la tarde, “condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. La administración ha profundizado recientemente las relaciones militares y de seguridad con el gobierno de Noboa en medio de la amplia represión y violaciones de derechos por parte de Noboa. Las acciones del gobierno ecuatoriano constituyen una grave violación del derecho y las normas internacionales, y sientan un peligroso precedente. Las embajadas se consideran territorio extranjero, y la incursión de Ecuador es una violación de la soberanía territorial de México según la ley. Históricamente, los gobiernos de acogida han evitado violar las embajadas incluso cuando desean detener a personas que buscan refugio o asilo. El gobierno británico no realizó ninguna redada en la embajada de Ecuador en Londres durante los años que Julian Assange permaneció ahí; las autoridades británicas no lo detuvieron hasta que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno revocó la ciudadanía ecuatoriana de Assange y lo desalojó de la embajada. Asimismo, la dictadura de Pinochet y otras dictaduras latinoamericanas nunca violaron la integridad de las embajadas, ni siquiera para detener a disidentes u opositores políticos buscados. El gobierno golpista de Jeanine Áñez en Bolivia nunca allanó la embajada mexicana donde se habían refugiado varios funcionarios del gobierno ilegalmente derrocado de Evo Morales tras el golpe de estado de 2019. Salazar lleva mucho tiempo embarcado en una campaña de judicialización y persecución política contra el expresidente Rafael Correa y otras figuras del gobierno de Correa. Las acusaciones contra Correa han demostrado tener poca credibilidad, y las pruebas son tan escasas, que la Interpol se ha negado durante años a dar curso a la alerta roja de Ecuador contra él. Bélgica le ha concedido asilo político y puede viajar libremente a casi cualquier parte del mundo sin temor a ser extraditado. Y el año pasado, un juez del Tribunal Supremo de Brasil anuló las pruebas contra Glas después de que las autoridades admitieran que podían haber sido manipuladas. “Estados Unidos está proporcionando apoyo diplomático, militar y material crucial a Ecuador; y Canadá está buscando actualmente un acuerdo de ‘libre comercio’ con Ecuador”, dijo Weistbrot. “Todo esto debería suspenderse hasta que Ecuador libere a su exvicepresidente, a quien ha secuestrado en la embajada México”.