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La Administración estadounidense logró evitar un cierre varias horas antes de que venciera el plazo, pero el problema aún no está resuelto.

 En Estados Unidos existe un complejo proceso de adopción del presupuesto anual para el próximo ejercicio fiscal, que comienza el 1 de octubre. La aprobación del presupuesto sigue un calendario determinado. En última instancia, antes del 30 de septiembre, la Cámara de Representantes y el Senado deben presentar 12 proyectos de ley de asignaciones de las principales actividades del gobierno para el próximo año fiscal, y luego el presidente debe firmarlos. En caso de que no se aprueben los 12 proyectos de ley de asignaciones, se produce una suspensión casi total de las actividades de las instituciones gubernamentales (cierre). En caso de que se apruebe una parte de los proyectos de ley, sólo se cerrarán las agencias federales que no hayan recibido créditos.

Shutdown significa que los empleados del gobierno tienen que tomar licencia forzosa sin goce de sueldo. Sólo las instituciones que son de importancia crítica para la seguridad nacional siguen funcionando. Por ejemplo, los empleados responsables de la seguridad de los arsenales nucleares de EE.UU. y de la vigilancia de las centrales hidroeléctricas y las líneas de energía siguen trabajando en el Departamento de Energía. Asimismo, el personal militar en activo sigue desempeñando sus funciones. Las instituciones con fondos especiales de autofinanciación (como Correos, Aduanas) siguen funcionando de un cierto modo. Además de la adopción de un gasto discrecional anual, EE.UU. también tiene un gasto obligatorio para gastos sociales básicos y varias áreas de actividad gubernamental de necesidad crítica. Esta financiación se lleva a cabo a partir de fondos especiales extrapresupuestarios y no depende de la aprobación anual del Congreso estadounidense; de esta forma, la sociedad queda protegida en cierta medida de las consecuencias de la lucha política. Los programas de seguridad social y asistencia sanitaria, como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, también siguen funcionando.

El Congreso de EE.UU. utiliza ampliamente una herramienta llamada resoluciones continuas (CR, por sus siglas en inglés) por un periodo determinado en la cantidad que se incluyó en el presupuesto anterior para evitar un cierre. Estas resoluciones se convierten en leyes tras ser firmadas por el Presidente. Como este tipo de resoluciones prorrogan los créditos del año fiscal anterior, interfieren en las actividades de las agencias federales porque tienen que congelar sus niveles de gasto, además de dificultar la planificación de futuros proyectos y crear riesgos para los contratistas del gobierno.

Algunos comentarios sobre la historia de la cuestión. La última vez que el Congreso completó el proceso de aprobación del presupuesto a tiempo, antes del inicio del año fiscal, fue en 1997. Desde que en 1976 el Congreso pasó al proceso presupuestario moderno, basado en la Ley Presupuestaria de 1974, ha habido 20 "lagunas de financiación", incluidos casos en los que no se asignaron fondos ni siquiera para un solo día. El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, durante la administración Trump.

El 9 de marzo de 2023, el presidente Joe Biden presentó al Congreso la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024, estimando unos gastos de 6,883 billones de dólares (25,3% del PIB) y un déficit presupuestario de 1,846 billones de dólares (6,8% del PIB). Este año, el proceso presupuestario se complicó porque en junio de 2023, los legisladores aprobaron la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 (FRA) para evitar un impago técnico de la deuda nacional.

Esta ley, al suspender el "techo de la deuda", estableció topes al gasto discrecional para los años fiscales 2024 y 2025. Cuando se discutían en el Congreso los créditos para el año fiscal 2024, las disposiciones de la FRA suscitaron debates sobre los niveles de gasto. La Casa Blanca solicitó 20.600 millones de dólares adicionales para ayuda de emergencia a Ucrania y 12.000 millones para ayuda nacional en caso de catástrofe. En agosto de 2023, la administración de Joe Biden presentó al Congreso una solicitud de financiación adicional de 40.000 millones de dólares, que incluía 24.000 millones para ayuda militar y humanitaria a Ucrania y otras necesidades internacionales, y 12.000 millones para ayuda interna en caso de catástrofe. Los republicanos de derechas de la Cámara de Representantes trataron de garantizar a la administración poderes presupuestarios muy por debajo de los niveles acordados por la FRA e incluir nuevas disposiciones sobre seguridad fronteriza.

Los debates continuaron hasta el sábado 30 de septiembre, cuando la Cámara de Representantes aprobó una resolución temporal (335 votos a favor, 91 en contra, incluido un demócrata), que prorroga la financiación del gobierno hasta el 17 de noviembre. La resolución incluye ayudas para catástrofes (una concesión a los demócratas) pero no incluye fondos adicionales para Ucrania (una concesión a los conservadores).

El Senado aprobó el proyecto el sábado por la noche (88 a favor, 9 en contra). El proyecto de ley pasó por ambas cámaras en sólo 12 horas, estableciendo un récord de velocidad. Joe Biden lo firmó antes de medianoche, evitando así el cierre del gobierno. "Es una montaña rusa total", - comentó Guy Reschenthaler, Vicepresidente del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, sobre los acontecimientos del día.

En el próximo mes y medio, podemos esperar una nueva ronda de lucha por los gastos presupuestarios. En concreto, los líderes de ambos partidos en el Senado emitieron una declaración conjunta en la que se comprometían a votar a favor de seguir financiando la ayuda a Ucrania en las "próximas semanas." El 3 de octubre, la Cámara de Representantes votó por primera vez en la historia la destitución del republicano Kevin McCarthy (iniciada por el republicano de extrema derecha Matt Gaetz, de Florida); miembros de su propio partido votaron a favor de su destitución, acusando a McCarthy de buscar el apoyo de los demócratas para evitar un cierre.

Según los pronósticos oficiales, se espera que el déficit presupuestario crezca en relación con el PIB. El creciente déficit aumentará significativamente la deuda federal (que ya ha superado los 33 billones de dólares) durante la próxima década, y los costes de los intereses para servirla aumentarán en consecuencia. El pago de intereses pasará de 665.000 millones de dólares en 2023 a 1,393 billones en 2033. El gobierno de Biden y el Congreso se encuentran atrapados entre Escila y Caribdis: tienen que abordar el problema de un déficit presupuestario y una deuda nacional masivos y, al mismo tiempo, seguir realizando inyecciones presupuestarias para apoyar la economía y las prioridades socioeconómicas y de defensa. Todo esto intensifica la lucha por los gastos presupuestarios. Las amenazas de cierre del gobierno se han convertido en moneda de cambio en las disputas sobre la política presupuestaria.

El proceso de toma de decisiones en el ámbito presupuestario estadounidense está cada vez más politizado, lo que socava la confianza en el gobierno y no contribuye a resolver los problemas a los que realmente se enfrenta el país.