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Los obstáculos creados por el gobierno saliente de Polonia y el deterioro de la situación económica hacen que las perspectivas postelectorales sean muy difíciles.

La victoria de la alianza de la oposición en las elecciones polacas del 15 de octubre demostró que incluso unas elecciones injustas y manipuladas pueden conducir a un rechazo pacífico de un régimen autocrático si la sociedad se moviliza lo suficiente. Sin embargo, hacer frente al legado populista del gobierno del Partido Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) no será fácil ni rápido, por varias razones. 

En primer lugar, sigue sin estar claro cuándo podrá tener lugar una transición política. El Presidente Andrzej Duda (estrechamente vinculado al PiS) ha jurado un gobierno en minoría del PiS que probablemente será efímero, y ha dejado claro que defenderá el legado político e institucional del PiS y utilizará su poder de veto para detener la legislación aprobada por el nuevo parlamento. Superar un veto presidencial requiere una mayoría del 60% en el Sejm (cámara baja del Parlamento polaco), de la que carece una coalición democrática. 

Esto dificultará que un gobierno posterior al PiS restablezca los principios constitucionales de la democracia, el Estado de Derecho, la independencia jurídica de muchas instituciones (que se han llenado de leales al PiS, especialmente en el poder judicial) y el pluralismo de los medios de comunicación públicos, al menos hasta el verano de 2025, cuando expira el mandato del Presidente Duda. La mayoría de estos cambios requerirán una nueva legislación.

Será difícil revocar la legislación inconstitucional del PiS en el Tribunal Constitucional. Los mandatos de los miembros del PiS en el Tribunal expirarán entre 2024 y 2031. El Tribunal Constitucional también puede bloquear la legislación aprobada por una nueva mayoría. Esto podría suponer dificultades para desbloquear el dinero destinado a Polonia por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El acceso a los fondos está condicionado al cumplimiento de los criterios del Estado de Derecho, que han sido violados sistemáticamente por el gobierno del PiS. 

Sin embargo, los retos más importantes esperan al nuevo gobierno en el ámbito económico. Ocho años de populismo socioeconómico, con programas de gasto a gran escala (incluidas las generosas prestaciones familiares, que aumentarán un 60% a partir de enero de 2024), caóticos cambios en el sistema fiscal y una congelación de las tarifas energéticas, han provocado una explosión del déficit de las administraciones públicas, que alcanzará el 5,8% del PIB en 2023. La transparencia de las finanzas públicas se deterioró drásticamente debido a varios fondos extrapresupuestarios y operaciones cuasifiscales llevadas a cabo por bancos estatales y empresas energéticas. Por lo tanto, el déficit real puede ser superior al comunicado oficialmente. 

Debido a la política monetaria ultra laxa y políticamente motivada desde 2016, la inflación ha estado por encima del objetivo del Banco Nacional de Polonia (2,5%) desde diciembre de 2019. ha estado por encima del objetivo del Banco Nacional de Polonia (2,5%) desde diciembre de 2019En marzo de 2022, saltó a un nivel de dos dígitos, alcanzando el 17,2% en marzo de 2023. Desde entonces, ha empezado a disminuir, pero su nivel de octubre de 2023 (6,3%) sigue siendo demasiado alto y puede aumentar. 

A pesar de unas políticas monetarias y fiscales muy acomodaticias, se espera que la tasa de crecimiento anual del PIB real, que antes oscilaba entre el 4% y el 6%, descienda al 0,4% en 2023. Así pues, la economía polaca está experimentando estanflación. 

Mientras tanto, un aumento gradual de la edad de jubilación a los 67 años, tanto para hombres como para mujeres, introducido en 2013, fue revertido por PiS en 2017, a pesar de la disminución de la población polaca en edad de trabajar - una consecuencia del envejecimiento de la población y la emigración a gran escala. La proporción de propiedad estatal ha aumentado, especialmente en los sectores bancario y energético. Este último ha perdido competitividad tras varias fusiones administrativas de empresas controladas por el Estado (por ejemplo, la creación de un superconglomerado ORLEN). La inversión en energía verde se ha ralentizado ante diversos obstáculos administrativos y financieros. 

No está claro hasta qué punto el nuevo gobierno estará dispuesto a abordar estos problemas. Durante la campaña electoral, los partidos de la oposición intentaron competir con PiS ofreciendo más programas de gasto público y menos impuestos. Prometieron no aumentar nunca la edad de jubilación. No se pronunciaron sobre la privatización, y sólo prometieron una gestión más profesional y libre de nepotismo de las empresas controladas por el Estado. 

Desde las elecciones, se han repetido varias promesas de la oposición perjudiciales para las finanzas públicas. El capítulo económico del acuerdo de coalición entre los partidos que formarán el futuro gobierno es impreciso. El carácter multipartidista de un futuro gobierno (de izquierda a centro-derecha), y las próximas elecciones locales y europeas (ambas en la primavera de 2024), pueden desalentar aún más las necesarias reformas económicas y el ajuste fiscal.

Si prevalece este escenario político, la economía polaca corre el riesgo de deslizarse hacia desequilibrios macroeconómicos aún más profundos y un crecimiento cero. Esto no garantizará la popularidad y el futuro éxito electoral de un gobierno de coalición. Por lo tanto, a pesar de todos los obstáculos políticos y legislativos, el programa de política económica del gobierno entrante debe abordar las causas profundas de los problemas actuales y respetar las restricciones fiscales.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a Heather Grabbe, Ivo Maes, Lucio Pench y Nicolas Veron por sus comentarios y sugerencias sobre un borrador de este comentario.