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Se suponía que el lunes 27 de marzo sería un día memorable para el nuevo gobierno de coalición israelí de extrema derecha, cuando planeó pasar por la Knéset la cláusula central de su propuesta de “reforma judicial”, cómodamente antes del descanso de Pascua que comienza el 2 de abril. En cambio, terminó siendo uno de los días más extraordinarios en la historia de Israel. Las manifestaciones contra la reforma, que se habían intensificado durante más de dos meses, se volvieron abrumadoras al ser impulsadas por el “despido” del ministro de Defensa Yoav Gallant por parte del primer ministro Benjamin “Bibi” Netanyahu la noche anterior. Las universidades, las empresas, el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, y las embajadas y consulados de Israel en el extranjero fueron cerradas en protesta, y se programó una huelga general para el día siguiente. Los pilotos de reserva de la Fuerza Aérea y otro personal de seguridad del que dependen en gran medida las fuerzas armadas amenazaron con no reportarse a entrenamiento o servicio. Ante esta protesta completamente sin precedentes, Netanyahu anunció que suspendería el avance de la propuesta de reforma “para tratar de llegar a un acuerdo más amplio durante la próxima sesión de la Knéset”, la cual comienza el 1 de mayo.

El anuncio se retrasó mientras Bibi llegaba a un acuerdo con uno de sus socios de coalición, Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional y jefe del Partido del Poder Judío Neo-Kahanista (Neo-Kahanist Jewish Power Party), para organizar una nueva “Guardia Nacional”, la cual sus opositores acusan de constituir “una organización paramilitar que operaría dentro de Israel en tiempos de crisis, para hacer frente principalmente a disturbios e incidentes nacionalistas que involucren a árabes israelíes”. Lo ven como una nueva razón para no hacer concesiones. Sin embargo, el diálogo con la oposición de la Knéset ya ha comenzado bajo el auspicio del presidente Isaac Herzog.

Sin duda alguna, Netanyahu se vio obligado a conceder el aplazamiento de la propuesta por el torrente masivo de protestas; una encuesta mostró que dos tercios del público israelí estaban en contra de la legislación en su forma actual. Sin embargo, toda su coalición apoya la reforma en su forma actual. Incluso el ministro de Defensa Gallant, quien aparentemente permanece en el cargo, ya que no recibió el aviso legal requerido, enfatizó que su llamado al aplazamiento se debió únicamente al temor de perjudicar la preparación militar de Israel después de que miles de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel amenazaron con no reportarse a su deber. El puñado de diputados de la coalición, todos del Likud, que habían manifestado objeciones acerca de proceder de inmediatamente, también estaban a bordo en principio. Esto puede hacer que las negociaciones sean difíciles, si no imposibles.

El diálogo, por supuesto, es la forma civilizada de proceder, pero encontrar una solución al menos remotamente aceptable para todos se hace significativamente más difícil debido a la composición dispar de la coalición, en la que Netanyahu tiene menos poder e influencia que en cualquiera de los cinco gobiernos que dirigió anteriormente. Sus cuatro socios de coalición están impulsados ideológicamente y todos tienen visiones muy diferentes de la sociedad israelí y de sus prioridades en comparación a la mayoría de los israelíes o, de hecho, al propio Netanyahu durante la mayor parte de su carrera política. Además, con la creciente polarización de la sociedad israelí durante la última década, los partidos israelíes no-árabes se han conformado ahora en dos bloques sólidos, generalmente llamados derecha e izquierda, pero se describen con mayor precisión como “nunca-Bibi” y “pro-Bibi si hace lo que queremos”. Sin embargo, ni sus socios ni sus oponentes confían en la palabra de Bibi, y existe una sospecha considerable de que este pueda impulsar las reformas sin cambio alguno. Por lo tanto, a pesar de su promesa de retrasar la propuesta de ley y negociar con la oposición, la manifestación regular del sábado por la noche atrajo a tantos, o más, israelíes que las anteriores.

Acuerdo para neutralizar a la Corte Suprema

Si bien la génesis de la crisis actual es compleja, su camino fue allanado por los intentos desesperados de Netanyahu de poner fin a su juicio en curso por corrupción y el profundo compromiso ideológico del ministro de Justicia Yariv Levin de destruir el sistema judicial existente haciéndolo "más democrático", es decir, quitándole todo el poder a la Corte Suprema para invalidar leyes aprobadas por la mayoría de la Knéset. Pero la reforma ha recibido un apoyo crucial de una coalición de tres grupos minoritarios distintos de la sociedad israelí, con sus propios objetivos políticos o reclamos, todos en el bloque pro-Bibi:

1. Los dos partidos jaredíes ("ultraortodoxos"), que quieren bloquear el rechazo repetido de la Corte Suprema de su exención general del servicio militar, de eximir a sus escuelas de los requisitos de educación mínima, aumentar el apoyo estatal para los estudiantes de yeshivá, así como retirar la prohibición impuesta por la Corte al presidente del partido Shas, Aryeh Deri, de servir como ministro debido a dos condenas por corrupción.
2. Colonos extremistas y simpatizantes de los partidos Poder Judío y Sionismo Religioso, que quieren eliminar cualquier obstáculo legal al aumento de los asentamientos, permitir la anexión de parte o la totalidad de Cisjordania, y evitar el castigo por atrocidades como el reciente pogromo de colonos en el pueblo de Hawara en Cisjordania, así como hacer que Israel sea “más judío”. Si bien ha habido una extrema derecha antiárabe en Israel desde al menos la década de 1980, esta es la primera vez que forman parte de un gobierno, con sus líderes en importantes posiciones de poder. Estos consideran a la Corte Suprema su principal obstáculo, aunque esta solo ocasionalmente ha bloqueado las actividades de los colonos en Cisjordania.
3. El Foro Kohelet (KPF por sus siglas en inglés), un grupo think tank bien financiado que ha ganado influencia significativa en los círculos de derecha israelíes en los últimos años, y que está presionando para que se eliminen las normas legales que impiden la adopción de principios libertarios estadounidenses ajenos a Israel. Su influencia está principalmente en el Likud.

Profundas raíces culturales y políticas

El ímpetu generalizado por estas reformas tiene tanto un contexto cultural más amplio como uno más político. Emergen de una polarización cultural que se ha estado desarrollando desde la década de 1950 y una tensión política evidente desde al menos la Primera Guerra del Líbano en Israel en 1982. También pueden entenderse en el contexto del movimiento mundial desde hace una década hacia el populismo y en contra de la democracia liberal, con características distintivas israelíes.

El contexto cultural se remonta a la inmigración a Israel en la década de 1950 de "judíos orientales" (Mizrají) desde países árabes y musulmanes, más de un millón de los cuales llegaron a Israel durante las décadas de 1950 y 1960, triplicando la población de Israel. Ahora se reconoce generalmente que fueron degradados y menospreciados por funcionarios del movimiento laborista entonces hegemónico, y que los mizrajíes siguen siendo, en promedio, menos educados y ricos en comparación con los asquenazíes (judíos con ascendencia de Europa central y oriental). El abrumador apoyo mizrají al partido de derecha Likud fue un factor principal en la victoria de este en 1977 y en que pudiesen tomar el cargo de primer ministro durante 33 de los 45 años siguientes. Todos estos gobiernos eran coaliciones (ningún partido israelí ha ganado nunca una mayoría absoluta), generalmente con la participación de los dos partidos ultraortodoxos (jaredíes), el partido Religioso Nacional (dominado por los colonos) y uno que otro partido centrista que le permitieron a Netanyahu poner a un lado en contra del otro.

A pesar de este control político bastante constante, el tema más importante de los mensajes del Likud ha sido la oposición a la supuesta (y parcialmente real) clase dirigente israelí dominada por los “ashkenazíes” y los “izquierdistas”. Este tema ha sido especialmente pronunciado durante los 22 años de liderazgo del partido por parte de Netanyahu (aunque todos los presidentes del Likud han sido ashkenazíes que llegaron al poder dentro de las estructuras de poder tradicionales del país). Los reclamos por la dominación de una élite han alcanzado un crescendo en los últimos meses y ahora se presentan como la principal justificación para las reformas judiciales.

Las quejas de Likud y los mizrajíes acerca de ser excluidos de la estructura de poder israelí no son del todo infundadas, a pesar de que el control del gobierno está en manos del Likud, hoy y durante las últimas cuatro décadas. No hay duda de que los asquenazíes seculares y moderadamente liberales dominan las élites académicas, legales, militares, culturales y comerciales (obviamente algunos más que otros). Sin embargo, el objeto de aversión particular de los jaredíes, la derecha religiosa de los colonos, y la preocupación personal de Netanyahu y Deri son los tribunales, especialmente la Corte Suprema, porque esa es la única institución capaz de bloquear sus objetivos dispares. Los manifestantes, y la mayor parte del establecimiento israelí, lo ven como el único organismo crítico que ejerce control sobre el gobierno y la mayoría de la Knéset, dada la ausencia de una constitución escrita, una segunda cámara legislativa, un sistema federal o cualquier otra institución por el estilo, las cuales están presentes en prácticamente todos los demás países democráticos.

Los manifestantes son tan dispares como los “reformistas”, o quizá aún más. Su núcleo es, de hecho, la clase media educada asquenazí, pero también contiene amplias franjas de prácticamente todos los demás grupos sociales del país, con la excepción de los palestinos israelíes, que de hecho se verían gravemente afectados por la reforma, pero que en gran medida la consideran como un conflicto intrajudío. Los organizadores de las protestas se han esforzado por enfatizar la naturaleza no ideológica y no izquierdista de las protestas, de ahí las omnipresentes banderas israelíes y la ausencia de banderas palestinas. Por supuesto, la izquierda está íntimamente involucrada y espera que estas protestas contra la derecha ayuden a revivir su ahora escasa fortuna. La izquierda ve la ocupación como la causa principal de la insistencia de la derecha en la reforma, y espera que los partidos árabes estén entre las primeras víctimas de una derecha empoderada si se promulgan las reformas.

Dificultades para llegar a un compromiso

Técnicamente, se podría llegar fácilmente a un acuerdo de compromiso que incluya algunas de las “reformas”, pero dejando un sistema viable de controles y contrapesos. Sin embargo, esto es poco probable, principalmente porque los dos partidos sionistas religiosos, el Poder Judío y el Sionismo Religioso, están ideológicamente comprometidos con cambios fundamentales que la Corte Suprema seguramente bloquearía. Además, el ministro de Justicia Levin y algunos otros en el Likud parecen invariablemente comprometidos con la reforma completa, lo que socava la voluntad anunciada por Netanyahu de negociar. Sin embargo, los dos partidos jaredíes pueden ser más flexibles, ya que no tienen ningún compromiso con el estado secular de Israel y, por lo general, pueden obtener lo que necesitan a través del proceso político.

La única persona en condiciones de transformar el debate político y cambiar por completo sus términos es el propio primer ministro Netanyahu. Durante mucho tiempo se ha especulado que la fiscalía podría ofrecerle una “tarjeta para salir de la cárcel gratis” en el juicio en curso por sus cargos de corrupción, indicando que los cargos se retirarían si renuncia a la actividad política. La oposición no tiene dudas de que su principal razón para permanecer en el poder es cambiar la Corte y el sistema legal lo suficiente como para evitar cualquier posibilidad de condena, lo cual niega indignado. Algunos han especulado recientemente que la humillación de verse obligado a cambiar de opinión y aceptar el aplazamiento puede llevarlo a aceptar el acuerdo con la fiscalía.

Aunque aún es improbable que esto suceda, si lo aceptara, eso transformaría inmediatamente el mapa político de Israel. Varios políticos de derecha abandonaron el Likud y el bloque de derecha a lo largo de los años debido al trato que recibieron de él, y formaron parte del "Gobierno del Cambio" de 18 meses, recientemente depuesto y difícil de manejar, que contenía elementos centristas, de izquierda y derecha (todos los derechistas y muchos de los centristas eran antiguos socios y partidarios de Netanyahu). Si Netanyahu estuviera fuera de la escena, se podría formar una coalición de centroderecha, quizás incluso sin nuevas elecciones, que podría aprobar un paquete de reforma judicial enmendado, limitando presuntamente el daño a los controles y contrapesos. La extrema derecha quedaría al margen, los jaredíes se unirían y la destrozada izquierda israelí posiblemente se fortalecería, pero seguiría siendo pequeña.

Sin embargo, nadie cree actualmente que sea probable que eso suceda. Se han hecho alegaciones de que Netanyahu ha prometido a los de línea dura en su coalición que no haría concesiones, en cuyo caso hay pocas dudas de que las manifestaciones se renovarían, aunque no se puede predecir si se fortalecerán o debilitarán por la demora. El ministro Levin también ha prometido grandes contramanifestaciones, lo que aumenta la probabilidad de violencia, parte de las cuales ya han comenzado. De hecho, las cláusulas más controvertidas ya pasaron sus “lecturas” preliminares y podrían aprobarse con un aviso de 24 horas una vez que regrese la Knéset.

Además de la oposición en las calles, las nuevas estipulaciones serían llevadas de inmediato ante la Corte Suprema, que casi con seguridad las declararía inválidas, lo que conduciría inevitablemente a una crisis constitucional a toda velocidad, basada en que la Corte declarara inválida la legislación que pretendía despojarla de ese poder. Los comandantes de muchas de las ramas de seguridad israelíes ya han insinuado que, en tal competencia de legitimidad, seguirían a la Corte Suprema en vez de al gobierno.

Por supuesto, esta crisis no se está dando en el vacío. El día después de que Bibi retrocediera, el presidente Joe Biden advirtió que “no puede continuar por este camino”, lo que lo llevó a ser acusado de injerencia en los asuntos internos de Israel. Más cerca de casa, las grandiosas esperanzas de Bibi de una paz árabe-israelí generalizada basada en los Acuerdos de Abraham de 2020 se están desmoronando o, al menos, se han paralizado. Los Emiratos Árabes Unidos cancelaron una visita programada de Netanyahu en enero, justo después de que se formara su gobierno, mientras que Jordania estaba profundamente molesta por los comentarios que hizo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, donde negó la existencia de un pueblo palestino (algo que el gobierno israelí reconoció formalmente en 1993) , mientras estaba de pie en un escenario adornado con una pancarta que mostraba a las fronteras de Israel incluyendo no solo a Cisjordania sino también a Jordania.

Además, el gran premio que Netanyahu esperaba traer a los Acuerdos de Abraham, es decir, Arabia Saudita, les ha cerrado las puertas, al menos en el futuro previsible. Además, la reciente reanudación de los lazos del reino con Irán, la cual fue negociada por China, es un golpe en el ojo de Israel (así como de los Estados Unidos), además de que atenúa una de las principales razones del acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, a saber: el miedo a Irán.

A pesar de la gravedad de la situación, algunos israelíes, al menos del lado de los manifestantes, encontraron razones para el optimismo, fuera de si la reforma se llevará a cabo o no. A diferencia de muchos otros países en los que los regímenes populistas han debilitado las libertades políticas y civiles (Hungría, Polonia, Turquía, Rusia e India son parte de la lista), los israelíes salieron a las calles durante meses coreando “De-mo-kra-tia”, mientras que altos líderes militares, empresariales y cívicos retirados, así como todo tipo de instituciones de la sociedad civil, declararon su oposición a la reforma, y algunos, como los inversores de capital de riesgo en el área de alta tecnología, pudieron advertir de manera convincente sobre las graves consecuencias. Presuntamente, esto servirá como advertencia y control sobre cualquier gobierno futuro, de izquierda o de derecha, que muestre tendencias autoritarias.

Incluso aquellos que esperaban que Israel cambiara su postura sobre el conflicto con los palestinos se sintieron algo reconfortados por las manifestaciones masivas, con la esperanza de que pudieran presagiar una nueva visión de democracia, a pesar de la fallida actuación de la izquierda en las últimas elecciones. Sin embargo, eso aún está por verse.