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La política de Guatemala se ha visto sacudida recientemente por la victoria del cruzado anticorrupción Bernardo Arévalo de León,[1] que ha traído nuevos aires de esperanza en un país asolado por altos niveles de pobreza, corrupción y violencia criminal. El resultado se inscribe en la oleada de victorias contra el poder en América Latina: es el decimosexto país de la región en el que un candidato de la oposición ha sido elegido presidente en los últimos cinco años, de un total de 17 elecciones[2]. Pero al igual o incluso más que en otros países, los resultados electorales están siendo impugnados por un asombrado establishment político y económico que no está dispuesto a ceder su poder. Los despiadados intentos de las autoridades judiciales de impedir que Arévalo y los congresistas de su partido tomen posesión de sus cargos han suscitado la preocupación nacional e internacional de que Guatemala pueda sumarse también a la creciente lista de países latinoamericanos que experimentan retrocesos en sus estándares democráticos[3] La Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo regional prácticamente moribundo que se ha mostrado incapaz de resolver las crisis políticas y que, en ocasiones, incluso las ha exacerbado, ha vuelto a la palestra como el foro político donde coordinar una respuesta regional. ¿Reanimará el caso guatemalteco la suerte de la OEA y será suficiente el acompañamiento internacional para salvaguardar la democracia en el país?

Un status quo propenso a la impunidad

Guatemala es el país más grande de Centroamérica y con la mayor economía. Sin embargo, también se encuentra entre los más desiguales, con cerca de la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza y con altos índices de malnutrición, especialmente entre los indígenas, que representan el 40% de su población[4]. También fue sede de uno de los experimentos anticorrupción más exitosos de América Latina -la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), respaldada por Naciones Unidas-, que contribuyó a desmantelar más de 70 redes criminales enquistadas en las instituciones del país e involucradas en actividades de violencia, narcotráfico y extorsión. El cenit de esta amplia cruzada anticorrupción se alcanzó en 2015, cuando el entonces presidente Otto Pérez Molina finalmente hizo caso a las peticiones de dimisión de miles de guatemaltecos que protestaron frente al palacio presidencial durante meses, después de que una investigación dirigida por la CICIG descubriera que él y su vicepresidente estaban implicados en una trama de corrupción a gran escala que afectaba a las aduanas del Estado[5].

Sin embargo, la calma no duró mucho. El sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, un ex comediante, dio la espalda a la CICIG después de que ésta comenzara a investigar a su hermano y a su hijo, y finalmente la cerró en 2019[6]. Desde entonces, el país ha experimentado graves retrocesos en sus instituciones democráticas, ya que una coalición de élites políticas, económicas y militares (comúnmente apodada el Pacto de Corruptos) abrasada por las investigaciones dirigidas por la CICIG se esforzó por restablecer un entorno de impunidad mediante la cooptación del poder judicial. La Fiscal General Consuelo Porras, nombrada por Morales y confirmada por su sucesor, el titular Alejandro Giammattei, resultó ser la más denodada defensora de estos intereses. Su oficina enterró las investigaciones sobre la supuesta aceptación de sobornos por parte del presidente de contratistas rusos y, en su lugar, persiguió a fiscales, jueces y periodistas que habían defendido los esfuerzos contra la corrupción, lo que llevó a más de 30 de ellos a huir del país y a encarcelar a otros acusados de abuso de poder[7].

El efecto bumerán de un juego electoral desigual

En el periodo previo a las elecciones de 2023, el creciente desencanto popular con la clase política se transformó en un sentimiento antisistema. Las autoridades reaccionaron excluyendo de la contienda a varios candidatos bien situados en las encuestas por supuestas irregularidades en su inscripción o la de sus partidos.

Sin embargo, esta estrategia tuvo un efecto boomerang y canalizó el voto de protesta hacia el único candidato restante que se percibía como externo al sistema: Bernardo Arévalo de León, candidato anticorrupción de un pequeño partido llamado Semilla. Arévalo, que estaba por debajo del 3 por ciento en las encuestas antes de la primera vuelta electoral, no sólo pasó a la segunda vuelta, sino que arrasó a la otra contendiente en la segunda vuelta, la ex primera dama Sandra Torres, del partido UNE, en una aplastante victoria el 20 de agosto con más de 20 puntos de ventaja[8]. El partido de Arévalo también obtuvo 23 escaños en la próxima legislatura, más del triple que en 2019. En general, los resultados de las elecciones guatemaltecas se alinean con una tendencia regional de victorias anti-incumbentes en los últimos años, aunque en este caso el ganador es un defensor progresista de la democracia, en lugar de un populista antisistema, como había ocurrido en El Salvador, Costa Rica y otros lugares de la región[9].

La lucha legal contra el cambio

El inesperado resultado de Semilla provocó la reacción de las mismas fuerzas que habían intentado canalizar el voto hacia candidatos menos peligrosos y que ahora presentaron una serie de recursos legales para socavar la credibilidad de las elecciones e inhabilitar al partido del presidente electo. Esta estrategia pivota en torno a acusaciones de irregularidades en la creación de Semilla que borrarían su condición de partido legítimo, y denuncias de fraude. Inmediatamente después de la primera vuelta, la Fiscalía abrió investigaciones sobre supuestas irregularidades (firmas falsas) en la creación de Semilla, con el fin de despojarla de su personería jurídica; a esto se sumaron acusaciones de abuso de poder dirigidas a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que certificaron los resultados[10]. Como resultado, mientras Arévalo ha sido confirmado como presidente electo, el Congreso ya ha procedido a despojar de sus escaños a los diputados de Semilla elegidos en las elecciones de 2019 -incluido el propio Arévalo[11].

Paralelamente, nueve partidos obtuvieron del Tribunal Supremo, supuestamente afín al Ejecutivo en funciones, una sentencia favorable al recuento de los votos de la primera vuelta, cuestionando las conclusiones de las misiones de observación nacionales e internacionales, que no informaron de amplias irregularidades. El recuento finalizó con la oficialización de los resultados a mediados de julio, asignando finalmente a Semilla unos pocos votos más de los que se informó en un principio[12]. Sin embargo, tras la segunda vuelta, Torres se negó a admitir su derrota y denunció un supuesto fraude, a pesar del margen inequívoco que la separaba de Arévalo[13].

Recientemente, los fiscales de la Fiscalía General llegaron a asaltar las instalaciones donde se guardaban las urnas, abriendo 160 de ellas, una medida que las autoridades electorales consideraron ilegal[14]. Tras el asalto de los fiscales, Arévalo ha decidido finalmente paralizar la transición hasta que el Fiscal General dimita y cese la persecución política.

Protestas nacionales e internacionales

Los intentos legales de desestimar la voluntad de cambio de los votantes guatemaltecos han desatado una ola de protestas públicas en el país. Tampoco ha pasado desapercibido en el ámbito internacional. Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea expresaron reiteradamente su rechazo a cualquier intento de desafiar la decisión del electorado. El Consejo Permanente de la OEA debatió la situación en Guatemala y encomendó al Secretario General que siguiera de cerca la situación durante la transición. Este último advirtió que la suspensión de Semilla es una violación del debido proceso que Guatemala, al formar parte del sistema interamericano, está obligada a respetar[15]. También llegaron mensajes públicos contundentes desde Estados Unidos: representantes del gobierno, desde el presidente Biden hasta un grupo bipartidista de congresistas, han reiterado tanto en privado como en público su preocupación y han pedido a las autoridades judiciales guatemaltecas que dejen de socavar la democracia del país[16].

Estas presiones nacionales e internacionales pueden haber contribuido, junto con la flagrante arbitrariedad de las medidas judiciales adoptadas hasta ahora, a crear algunas fisuras en el establishment. El Tribunal Supremo Electoral, cómplice en la víspera de las elecciones con la inhabilitación de candidatos, se ha convertido ahora en un defensor a ultranza de los resultados electorales y ha procedido a oficializarlos a pesar de las impugnaciones judiciales y de la negativa del partido de Torres a reconocerlos. En el plano político, dos ministros (Economía y Energía y Minas) dimitieron de sus cargos, mientras que algunos políticos de todo el espectro denunciaron el obstruccionismo contra Semilla. Sobre todo, algunas cámaras del sector privado e incluso la mayor confederación empresarial del país, conocida como CACIF, emitieron declaraciones públicas en defensa de la integridad del voto y pidiendo a las instituciones que dejaran que el proceso electoral llegara a su fin[17].

En este contexto, se cree que el Presidente Giammattei está jugando un doble juego. En público, ha abierto la puerta a Arévalo para una transición ordenada, invitando al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a supervisar el proceso. Al mismo tiempo, sin embargo, ha guardado silencio sobre la aparente persecución política de Semilla por parte del poder judicial y legislativo[18].

La necesidad de mantener a Guatemala en el punto de mira

A pesar de todo, los restos de la actual clase política parecen dispuestos a desafiar el clamor público dentro y fuera del país. El destino de Consuelo Porras, en particular, parece intrínsecamente ligado al mantenimiento del statu quo reduciendo en lo posible el margen de acción de Arévalo.

Aunque la victoria de Arévalo parece difícil de anular en este momento, no puede descartarse por completo hasta que se desestimen todas las denuncias de fraude y se complete la transición a la nueva administración en enero de 2024. Este sería un escenario sombrío, que probablemente llevaría a Guatemala al abismo de un golpe de Estado en toda regla, con consecuencias impredecibles en términos de agitación social y aislamiento internacional. Al mismo tiempo, sin embargo, es probable que las causas judiciales contra Semilla avancen, a menos que sean denunciadas como persecución política por los más amplios sectores del país. La suspensión del partido afectaría a la capacidad de Arévalo para fijar la agenda legislativa, ya bastante limitada desde el principio, al haber obtenido Semilla sólo 23 de los 160 escaños.

El compromiso constante de los gobiernos regionales y las declaraciones de los sectores políticos y económicos deberían ayudar a evitarlo. La tarea es especialmente delicada para la OEA, cuya legitimidad se ha visto empañada por su incapacidad para elaborar una respuesta coordinada y basada en principios a algunas de las crisis políticas y electorales que han afectado a la región en los últimos años, especialmente a Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Los críticos han acusado al organismo de abordar las crisis con un sesgo ideológico: en ocasiones ha desestimado las denuncias de maniobras antidemocráticas en países como Brasil, El Salvador y Honduras cuando estaban bajo un gobierno conservador, mientras que ha presentado denuncias de fraude sin pruebas sólidas, lo que a su vez avivó las tensiones en Bolivia en 2019. [19] Guatemala ofrece una oportunidad para que la OEA lave la percepción de estar políticamente sesgada y se reposicione como el foro regional más adecuado para manejar las crisis derivadas de violaciones a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana.

Para ello, sin embargo, se necesitan resultados concretos. Los gobiernos regionales tendrán que ponerse de acuerdo sobre los costes reputacionales y diplomáticos que pueden tener los actores que intenten anular las elecciones, y estar preparados para hacerlos cumplir. Éstos pueden incluir la reducción de la cooperación con las autoridades judiciales y, si finalmente se impidiera que Arévalo asumiera el cargo, la activación de la cláusula democrática de la Carta Democrática Interamericana, que puede llevar a la suspensión de Guatemala de la OEA. Además, deberían coordinarse estrechamente con la UE y otros socios para mantener a Guatemala en el punto de mira y dialogar regularmente con las autoridades guatemaltecas para transmitirles su compromiso con la causa por la democracia en el país. Supervisar la situación de forma intermitente o limitarse a hablar de boquilla puede no sólo mantener incólumes las acciones judiciales, sentando así un peligroso precedente en la apenas combatida democracia guatemalteca, sino también envalentonar a los actores corruptos de todo el hemisferio occidental para que sigan los pasos de Porras.