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Estados Unidos enfrenta una polarización política que ha ido aumentando con el tiempo. Cada acontecimiento en el país termina marcando los polos opuestos en la política, es decir, entre el partido republicano y el demócrata. En consecuencia, los simpatizantes de cada sector terminan dividiendo más al país hasta el punto de validar la violencia como método de acción política. La tensión social y el ambiente polarizado han sido tan evidentes que el ex primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, afirmó que las sanciones contra Rusia podrían durar para siempre o hasta que Estados Unidos colapse durante una inminente guerra civil (Venegas, 2024). El reflejo de la polarización se pudo apreciar cuando asesinaron al activista político de derecha Charlie Kirk, y algunos simpatizantes de izquierda reaccionaron celebrando su muerte. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que “el problema de la violencia está en la izquierda” (The White House, 2025). De manera similar, Elon Musk publicó en su cuenta de X: La izquierda es el partido del asesinato” (Musk, 2025). El influencer de derecha, Andrew Tate, escribió en X: “Guerra civil” (Tate, 2025). Sin embargo, antes del asesinato de Kirk, la polarización política en Estados Unidos y la percepción de una posible guerra civil, ya estaba aumentando. Un estudio publicado en 2024 observó que aproximadamente 1 de cada 20 encuestados estuvo muy de acuerdo que "en los próximos años, habrá una guerra civil en los Estados Unidos". Y “1 de cada 25 de los que estaban muy de acuerdo en que se avecinaba una guerra civil, también estaban de acuerdo en que ‘Estados Unidos necesita una guerra civil para arreglar las cosas’" (Wintemute et al, 2024). Otro estudio confirmó que uno de cada cinco estadounidenses cree que la violencia motivada por razones políticas está, al menos a veces, justificada. Por consiguiente, casi la mitad espera una guerra civil, y muchos dicen que cambiarían la democracia por un líder fuerte (Pérez, 2022). Una reciente encuesta de la PBS indica que un 30% de los estadounidenses piensa en recurrir a la violencia para que el país vuelva a encarrilarse. Esto demuestra que ha habido un aumento en el apoyo a la violencia, ya que hace 18 meses solo el 19% había respondido lo mismo en esa opción (Loffman, 2025). Cuando Bárbara Walter se unió al Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Política del gobierno de Estados Unidos, identificaron dos factores que predicen dónde es probable que estalle la inestabilidad política y una eventual guerra civil. En primer lugar, es si el país es una anocracia, donde un gobierno no es completamente democrático, pero tampoco autocrático; es algo intermedio. Los países con mayor riesgo de guerras civiles son aquellos que pasan rápidamente de un extremo del espectro político al otro. Por ejemplo, cuando Estados Unidos entró en Irak, derrocó a Saddam Hussein y quiso establecer una democracia, no pasó mucho tiempo para que estallara una guerra civil en ese país. No obstante, también puede ocurrir en la dirección opuesta, es decir, cuando un país está pasando de una democracia a algo menos democrático (Walter, 2022). En segundo lugar, si los ciudadanos se han movilizados en torno a la identidad, líneas étnicas, religiosas o raciales. Si un país tiene estos dos factores, se consideraría en alto riesgo de violencia política. La sorpresa para Bárbara fue vislumbrar que ambos factores estaban surgiendo en Estados Unidos a un ritmo muy rápido. La democracia se vio afectada cuando el presidente Trump se negó a aceptar la derrota electoral en el 2020 y miles de personas salieron a protestar contra la certificación del voto, desafiando las elecciones. Luego, se produjo el asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump (Mounk, 2021). Como consecuencia, EE. UU. fue considerado como una anocracia. Y cuando un país entra en esa categoría, arguye Walter, el riesgo de violencia política alcanza su punto máximo y, por tanto, tiene más probabilidades de afrontar una guerra civil. Se pueden vislumbrar paralelismos con las medidas de Trump en su actual administración. Un análisis de The Associated Press mostró que 30 de las 150 órdenes ejecutivas de Trump han citado algún tipo de poder o autoridad de emergencia, una tasa que supera con creces a sus predecesores recientes. De este modo, Trump utilizó poderes de emergencia para suplantar la autoridad del Congreso y avanzar en su agenda política (Tau et al, 2025). No obstante, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump son “inválidos por ser contrarios a la ley” y no figuran dentro del mandato presidencial. Por el contrario, establecer gravámenes es "una facultad esencial del Congreso" (Matza y Zurcher, 2025). Como respuesta, el presidente escribió en su cuenta Truth Social: “Hoy, un tribunal de apelaciones altamente partidista afirmó incorrectamente que nuestros aranceles deberían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final" (Matza y Zurcher, 2025). De ese modo, Trump no solo entra en confrontación con el Congreso, sino también con el tribunal de apelaciones, puesto que chocan con los intereses de su política exterior Estados Unidos Primero (‘America First’) Además, la jueza Elena Kagan avisó que la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a Donald Trump llevar a cabo una de sus políticas sin tomarse el tiempo habitual para revisar su legalidad. Desde que él regresó a su segundo mandato, la Corte ha actuado en 23 casos de emergencia relacionado con sus políticas, favoreciéndolo total, o parcialmente, 21 veces (Chung, 2025). De esa manera, se ha permitido a la autoridad ejecutiva proceder en sus medidas sin obstáculos antes que se determine su legalidad. En consecuencia, esto implicaría un aumento de poder que podría socavar al Congreso y a los diversos jueces federales que han fallado en su contra (Chung, 2025). Cuando estallaron las protestas en Los Ángeles por la aplicación de las leyes de inmigración, Trump envió 2000 soldados de la Guardia Nacional. Esta medida intensificó las tensiones con el gobernador de California, Gavin Newsom, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de Trump. "Esto no se trata de seguridad pública”, dijo Newsom, “se trata de acariciar el ego de un presidente peligroso" (Dearen et al, 2025). Por su parte, Trump señaló que arrestaría a Newsom si fuera el "zar de la frontera". El gobernador respondió: "esta es una línea que no podemos cruzar como nación, este es un paso inequívoco hacia el autoritarismo" (Hutzler, 2025). Luego, en su cuenta de X, Newsom se refirió a las acciones de Trump y escribió: “Incitar y provocar la violencia. Creando un caos masivo. Militarizar las ciudades. Arresto de oponentes. Estos son los actos de un dictador, no de un presidente”. (Newsom, 2025). Esta disputa e intercambio entre las dos autoridades políticas avivó el conflicto y la división dentro de California, y dejó clara la diferencia entre el enfoque estatal y el federal. En 2017, Keith Mines señaló que si en Estados Unidos estalla una violencia a gran escala y se requiere que la Guardia Nacional intervenga, entonces las posibilidades de una guerra civil serían del 60%. Consideró factores como la polarización nacional arraigada en la ciudadanía, la violencia como método para resolver disputas, la debilidad de las instituciones, la prensa y el poder judicial. En este ambiente, se necesitaría un evento, o pocos, para desencadenar un conflicto civil a gran escala. Mines enumera los posibles catalizadores: juicio político al presidente o su caída del cargo; un gran ataque terrorista y la sensación de que el ‘establishment’ no puede manejar la seguridad; una recesión económica, en la que el presidente y su gente culpan a ciertos grupos; una guerra que ha salido mal y que polariza al país, con culpas repartidas de tal manera que los grupos empiezan a arremeter contra ellos (Ricks, 2017). En 2019, la historiadora Nina Silber señaló que uno de los indicios de una posible guerra civil es la voluntad por parte de las masas de participar en la violencia contra sus enemigos políticos. “Eso fue lo que sucedió en la década de1860”, dijo, “la gente veía a sus oponentes políticos de manera extrema y les resultaba imposible encontrar un término medio” (BU Today, 2019). En ese sentido, la posibilidad de una guerra civil se cierne sobre los acontecimientos ocurridos antes del enfrentamiento armado, y los actores involucrados utilizan la amenaza de recurrir a la violencia contra sus adversarios políticos previamente identificados. Así, el evento catalizador involucraría la irrupción repentina de violencia a gran escala que estaría destinada a provocar reacciones impulsadas por el miedo, la ira o el deseo de venganza. Los actores y las divisiones de la eventual guerra civil estarían en continuidad con el panorama político anterior a su desencadenamiento. Si bien la guerra en sí misma puede generar nuevos actores, su aparición solo se produce después de la escalada hacia el conflicto total. (Lacher, 2022). Por lo tanto, a la luz de estos antecedentes, se puede inferir que, si bien una guerra civil en Estados Unidos no es un desenlace inevitable, existe una posibilidad real de que ocurra si persiste el aumento de polarización política y social, así como la validación del uso de la violencia como medio de resolución de conflictos. Por consiguiente, en un contexto de tensiones geopolíticas, esto afectaría a otras naciones, puesto que el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial y, como primera potencia, sigue siendo un actor importante para el sistema internacional. En consecuencia, la inestabilidad política y la división en las instituciones estadounidense desencadenaría otro efecto dominó, pero en el escenario global. Si Estados Unidos se enfrenta a una guerra civil, se debilitaría a tal punto que podría dejar un vacío de poder en el mundo que aprovecharía el bloque BRICS, liderado por China y Rusia, quienes, probablemente, busquen reconfigurar el orden internacional.