Provider of in-depth & balanced analysis on hot issues around the world

Read in English	한국어로 읽기	In Deutsch lesen
Gap
اقرأ بالعربية	Lire en français	Читать на русском

Durante más de una década, el mundo ha sido testigo de crecientes evidencias de campos de internamiento, esterilizaciones forzadas, separaciones familiares, persecución religiosa y cultural, extracción forzada de órganos, trabajos forzados y vigilancia de alta tecnología provenientes del Turquestán Oriental, una nación ocupada, que China denomina “Región Autónoma Uigur de Xinjiang”. Estas atrocidades, dirigidas contra los uigures y otros pueblos túrquicos, han llevado a varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, a calificar las acciones de China como genocidio, mientras que las Naciones Unidas las han identificado como crímenes de lesa humanidad. El genocidio de uigures, kazajos, kirguises y otros pueblos túrquicos suele ser presentado como una mera violación de derechos humanos o como un síntoma del autoritarismo. Esta forma de encuadrar la situación oculta el origen del problema: la ocupación ilegal y la colonización continua del Turquestán Oriental por parte de China. Para poner fin al genocidio y alcanzar una paz duradera, dignidad y justicia para el pueblo del Turquestán Oriental, el mundo debe reconocer que esto no se trata simplemente de derechos humanos o persecución religiosa: es una crisis colonial. Y como todo proyecto colonial, no requiere reformas, sino su fin. El Turquestán Oriental, hogar de los uigures, kazajos, kirguises y otros pueblos túrquicos, posee una larga y distintiva historia, cultura e identidad soberana, separada de la de China. Aunque el Imperio Qing (dinastía manchú) ocupó la nación en 1759, dicha ocupación nunca fue continua ni consensuada. El pueblo del Turquestán Oriental resistió de forma persistente, llevando a cabo 42 levantamientos entre 1759 y 1864, y recuperó su independencia como Kasgaria (Yettissar) (1864–1877), antes de ser reocupado por el Imperio Qing en diciembre de 1877. En 1884, Pekín renombró al país como “Xinjiang” (que significa “Nueva Frontera”), un término colonial impuesto para normalizar su conquista, y se incentivó el asentamiento de colonos chinos para alterar la demografía de la nación. Estas no fueron meras medidas administrativas, sino pasos calculados en la construcción de un régimen colonial. A pesar de ello, el pueblo del Turquestán Oriental continuó resistiendo la ocupación y luchó por restablecer su independencia. El pueblo del Turquestán Oriental declaró nuevamente su independencia en dos ocasiones durante el siglo XX — en 1933 y nuevamente en 1944 — estableciendo la República del Turquestán Oriental. Ambas repúblicas fueron de corta duración, socavadas por maniobras geopolíticas y agresiones militares. En 1949, tras el ascenso al poder del Partido Comunista Chino, el Ejército Popular de Liberación (EPL) invadió el Turquestán Oriental con apoyo soviético. Bajo el pretexto de una “liberación pacífica”, el EPL desmanteló la soberanía del Turquestán Oriental e impuso un régimen colonial que persiste hasta hoy. Desde entonces, Pekín ha implementado estrategias a largo plazo destinadas a borrar la identidad nacional del Turquestán Oriental e integrar la nación en su proyecto de construcción nacional centrado en la etnia han. Estas estrategias han incluido el asentamiento masivo de colonos chinos han, la criminalización de la historia e identidad del Turquestán Oriental, la supresión de las libertades culturales y religiosas, el desmantelamiento de instituciones nativas y la represión violenta de la disidencia. Aunque algunos observadores se refieren a estas políticas como “asimilación”, ese término minimiza el alcance y la violencia de las acciones de China. Esto no es integración cultural: es destrucción de la identidad nacional y reemplazo demográfico. El genocidio en curso contra los uigures es la fase más reciente de una campaña que lleva décadas en marcha. Ha pasado de ser una represión política a un esfuerzo total por destruir a la nación del Turquestán Oriental en lo físico, cultural y psicológico. Millones de uigures, kazajos, kirguises y otros pueblos túrquicos han sido detenidos arbitrariamente en campos de concentración, donde son sometidos a adoctrinamiento, tortura, violencia sexual y trabajo forzado. Además, expertos estiman que al menos entre 25,000 y 50,000 uigures son asesinados cada año únicamente para extraerles sus órganos. Las mujeres uigures y de otros pueblos túrquicos son esterilizadas por la fuerza o forzadas a abortar para impedir el nacimiento de futuras generaciones. Más de un millón de niños uigures y de otros pueblos túrquicos han sido separados de sus familias y colocados en internados administrados por el Estado, diseñados para cortar sus vínculos culturales y lingüísticos. Más de 16,000 mezquitas, cementerios y sitios históricos han sido demolidos, mientras que la enseñanza en lengua uigur y otras lenguas túrquicas ha sido eliminada del sistema educativo público. En el derecho internacional, estas acciones cumplen con los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas. La campaña de China cumple con los cinco actos definidos como genocidio. Esto incluye el asesinato de miembros del grupo mediante ejecuciones, masacres, muertes por tortura y negligencia en campos de concentración, y la extracción sistemática de órganos. También implica causar daño físico o mental grave, a través del trabajo forzado, el adoctrinamiento, el abuso físico y sexual, y el trauma psicológico a largo plazo. El régimen chino ha infligido deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar la destrucción física del grupo, incluyendo el internamiento masivo, la vigilancia, la separación forzada de familias y la privación de necesidades básicas. Además, China ha impuesto medidas destinadas a prevenir nacimientos, como esterilizaciones forzadas, abortos, políticas de control de natalidad y la destrucción de las estructuras familiares uigures. Finalmente, ha transferido por la fuerza a niños del grupo a otro grupo, retirando a más de un millón de niños uigures y de otros pueblos túrquicos de sus familias y colocándolos en internados y orfanatos administrados por el Estado chino. Lo que hace que este genocidio sea aún más insidioso es su sofisticación burocrática y tecnológica. El Partido Comunista Chino utiliza vigilancia con inteligencia artificial, recolección de datos biométricos y control mediante macrodatos para monitorear y controlar cada aspecto de la vida en el Turquestán Oriental. El genocidio en el Turquestán Oriental no se lleva a cabo con bombas ni fosas comunes: se ejecuta con cámaras de reconocimiento facial, códigos QR, aplicaciones de “vigilancia predictiva”, esterilizaciones y abortos forzados, extracción de órganos y crematorios para ocultar las pruebas. La respuesta no radica únicamente en la ideología, sino en el cálculo geopolítico. El Turquestán Oriental es central para las ambiciones globales de Pekín. Sirve como el eje estratégico de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), a través de la cual China busca remodelar el comercio y la influencia global. Más del 60% del comercio terrestre de China pasa por esta región. Rica en petróleo, gas natural, oro, litio y tierras raras, el Turquestán Oriental no es solo un corredor comercial, sino una base de recursos esencial para la economía industrial china. Los estrategas chinos han considerado durante mucho tiempo al Turquestán Oriental como un amortiguador que protege al Estado chino de amenazas percibidas al oeste y al norte. Esta lógica sigue moldeando el enfoque de Pekín actualmente: la ocupación del Turquestán Oriental es clave para avanzar en las ambiciones geopolíticas de China, incluyendo el control de la infraestructura crítica, el acceso a Asia Central y la estabilidad de su sistema colonial general. El borrado del Turquestán Oriental no se trata de seguridad interna, sino de consolidación y expansión imperial. Por lo tanto, el genocidio uigur no es un asunto doméstico o regional, sino uno internacional. Está arraigado en un modelo colonial de dominación que tiene amplias implicaciones para la seguridad global, el comercio y los derechos humanos. Sin embargo, la comunidad internacional continúa tratando al Turquestán Oriental como parte de los “asuntos internos” de China, incluso mientras condena los crímenes que allí ocurren. Esta contradicción está en el centro del fracaso global para detener el genocidio. Al presentar el tema únicamente como una cuestión de “derechos humanos” o de “represión religiosa”, los líderes ocultan una verdad fundamental: el Turquestán Oriental es un país ocupado, y los uigures no son un “grupo minoritario”, sino una nación sitiada. Este encuadre beneficia a Pekín, ya que le permite invocar la soberanía y la no injerencia para protegerse de la rendición de cuentas. En realidad, China está distorsionando el lenguaje de la soberanía para justificar la colonización. Esta tergiversación de las normas internacionales debe ser cuestionada. Abordar el genocidio uigur requiere un cambio en el pensamiento global. Primero, debe reconocerse al Turquestán Oriental como un país ocupado, y debe afirmarse el derecho de su pueblo a la libre determinación externa conforme al derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos legales afirman el derecho de todos los pueblos a determinar su estatus político. Los uigures y otros pueblos túrquicos nunca eligieron ser parte de China; su sometimiento ha sido impuesto mediante la ocupación militar, la ingeniería demográfica, la represión sistemática y una campaña de eliminación cultural y nacional — no fue integración ni convivencia, sino eliminación. En segundo lugar, el genocidio debe entenderse como parte de un proyecto colonial general, no simplemente como un episodio de represión. Esto implica reconocer la esclavitud masiva, la ingeniería demográfica y la eliminación física y cultural como herramientas fundamentales de dominación colonial. Los esfuerzos por abordar estas violaciones deben ir acompañados de acciones políticas para poner fin a la ocupación ilegal de China en el Turquestán Oriental. Tercero, las voces de las instituciones y líderes del Turquestán Oriental en el exilio deben ser incluidas en las discusiones internacionales sobre el futuro de la nación. El Gobierno en el exilio del Turquestán Oriental, junto con los grupos de derechos humanos y comunidades de la diáspora, llevan décadas reclamando reconocimiento, justicia y descolonización. Sus perspectivas son esenciales para cualquier solución seria. Finalmente, deben activarse con urgencia los mecanismos legales internacionales. Esto incluye apoyar el caso del Turquestán Oriental ante la Corte Penal Internacional y presentar demandas adicionales ante la Corte Internacional de Justicia, sancionar a funcionarios y entidades chinas involucradas en el genocidio, y respaldar investigaciones bajo leyes de jurisdicción universal en tribunales nacionales. El fracaso de la comunidad internacional para detener el genocidio en el Turquestán Oriental no es solo una falta de voluntad, sino un fracaso de principios. Mientras los gobiernos, los medios y las instituciones internacionales continúen tratando esto como un “asunto interno” de China, el genocidio persistirá. Solo al replantearlo como una crisis de ocupación, colonización y supervivencia nacional, podrá aclararse el camino hacia la justicia.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)