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En febrero de 2023, el gobierno salvadoreño difundió imágenes aéreas tomadas con drones que mostraban a miles de hombres sin camisa, con la cabeza rapada, esposados y agachados en formación cerrada, siendo conducidos a una prisión de reciente construcción llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La mega prisión de última tecnología fue construida a una velocidad vertiginosa bajo el mandato del presidente Nayib Bukele, quien declaró la victoria en la llamada “guerra contra las pandillas” en el país. Como la prisión más grande del mundo, el CECOT tiene capacidad para albergar hasta 40,000 personas. Sin embargo, ya están en marcha planes para duplicar su capacidad (80,000), y según informó el ‘Wall Street Journal’, se espera que Estados Unidos “envíe suficientes personas para llenarla”.

Del estado de emergencia al estado de excepción

El año anterior a la inauguración del CECOT, el presidente Bukele declaró un “estado de emergencia”, suspendiendo los derechos constitucionales como el debido proceso, la defensa legal y la libertad de reunión, y permitiendo medidas como arrestos masivos y detención preventiva indefinida. “El CECOT no es más que una cárcel de exterminio para los pobres”, afirma Marisel Ramírez, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una coalición de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos salvadoreños. “El régimen invierte en mega cárceles en lugar de hacerlo en salud, educación o reformas estructurales”. Actualmente, la tasa de detención en El Salvador ha superado incluso a la de Estados Unidos — antiguo líder mundial en encarcelamiento —. Hoy, 1 de cada 57 salvadoreños está encarcelado, el triple que en EE. UU. En marzo de 2025, diversas organizaciones de derechos humanos en El Salvador, como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), entre otras, elaboraron un informe que recopila casos documentados de maltratos, tortura y condiciones inhumanas de los detenidos durante los tres años del “estado de excepción”. Sus hallazgos incluyen: • Más de 85,000 personas han sido detenidas por el Estado en este período. • Se han registrado 6,889 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones especializadas. • El 52% de los detenidos son hombres de entre 19 y 30 años. • Entre 265 y 375 muertes bajo custodia estatal han sido verificadas por diferentes agencias de datos. Su informe exige la derogación del “estado de excepción”, reparaciones para las familias y víctimas de las violaciones a los derechos humanos, así como investigaciones independientes sobre todos los abusos cometidos.

Bienvenidos al CECOT

Muchos de los prisioneros en el CECOT no tienen acceso al debido proceso. Las visitas están prohibidas. La comunicación con familiares, amigos e incluso abogados también está restringida. Los reclusos son completamente despojados de su privacidad. Las celdas albergan hasta 80 personas durante 23.5 horas al día. Comparten literas de metal y un inodoro abierto, bajo vigilancia constante de los guardias penitenciarios. En el centro no se ofrece ningún tipo de educación ni actividades recreativas. Las cartas y el material de lectura están prohibidos. Y no hay reportes de que algún recluso haya sido liberado. ‘CBS News’ informó que el ministro de justicia de El Salvador dijo: “la única forma de salir es en un ataúd”. De hecho, imágenes de Google Earth y videos que circulan en redes sociales muestran un patio del CECOT que aparentemente está manchado de sangre. El CECOT se ha convertido en un símbolo de una tendencia global hacia la militarización, el encarcelamiento masivo y la represión política bajo el pretexto de la “seguridad interna”. A medida que la política de Trump de detenciones extraterritoriales de migrantes en el CECOT atrae la atención internacional hacia las acciones de Bukele, surgen preguntas urgentes: • ¿Hasta dónde llegará EE. UU. en el uso de la infraestructura represiva de Bukele para su propia agenda? • ¿Cómo llegó al poder un autodenominado “dictador” en El Salvador? • ¿Cómo están respondiendo las comunidades salvadoreñas?

La alianza EE. UU. – Bukele

Aunque el CECOT fue construido para la represión y el encarcelamiento a nivel nacional, ahora se ha convertido en un espacio de colaboración internacional entre gobiernos de extrema derecha. La prisión de Bukele ha sido abiertamente respaldada — y ahora financiada directamente — por el gobierno de Estados Unidos. El 15 de marzo, en una medida sin precedentes, la administración de Trump deportó a aproximadamente 250 migrantes venezolanos al CECOT en El Salvador, ignorando la orden de un juez federal que exigía detener las deportaciones. Invocando la Ley de Extranjeros Enemigos (‘Alien Enemies Act’, AEA) de 1798 contra ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a la banda del Tren de Aragua, Trump intentó abrir una vía “legal” para su política de deportaciones masivas. Sin embargo, un informe de ‘CBS News’ afirma que la mayoría de los deportados no tiene antecedentes penales en EE. UU., y organizaciones de derechos humanos y defensoría han rechazado cualquier justificación legal para el uso de la AEA por parte de Trump. Uno de los deportados, Kilmar Abrego García — residente de Maryland y trabajador sindical — se ha convertido en una figura central dentro de la crisis legal y política que rodea la alianza autoritaria entre Trump y Bukele.

Kilmar nació en El Salvador y posee estatus de protección en Estados Unidos, donde ha vivido por más de 14 años. La administración de Trump admitió que fue deportado por error y la Corte Suprema ordenó al gobierno estadounidense facilitar su regreso. Sin embargo, Trump ha desafiado la orden y Bukele se niega a liberar a Abrego. Recientemente, Trump lo acusó de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13, sin pruebas ni debido proceso. Desde el día de la inauguración del CECOT, el gobierno ha utilizado las redes sociales para promover una imagen positiva de la prisión y del enfoque de mano dura de Bukele. Los políticos de extrema derecha e influencers de YouTube son recibidos con frecuencia para recorrer el CECOT y posar frente a grupos de detenidos para sus audiencias en línea. Sin embargo, al senador por Maryland, Chris van Hollen, se le negó la entrada a la prisión el 16 de abril, cuando viajó a El Salvador para abogar por la liberación de Kilmar. En la noche del 17 de abril, el senador finalmente pudo reunirse con Abrego fuera de las instalaciones de la prisión. En una conferencia de prensa celebrada el 18 de abril en el Aeropuerto Internacional de Dulles, el senador informó a los medios que el padre de familia originario de Maryland no está siendo retenido en el CECOT, pero sí continúa detenido ilegalmente en otra cárcel salvadoreña. “La razón por la que cedieron está bastante clara: estaban sintiendo la presión”, declaró el senador. La esposa de Kilmar atribuyó esta pequeña victoria al creciente movimiento por la justicia, en un comunicado difundido por el grupo de defensa CASA: “Ahora sé que mi esposo está vivo… Gracias a todos, incluyendo al senador van Hollen, a mi familia de CASA, a todos nuestros sindicatos, líderes religiosos y a la comunidad por seguir luchando para que mi familia vuelva a estar unida.”

La detención de migrantes en el sistema penitenciario de El Salvador ha recibido fuertes críticas. Muchos se preguntan el por qué el gobierno salvadoreño continúa reteniendo migrantes en el CECOT sin evidencia alguna de que hayan cometido un delito. Durante su visita a El Salvador, el senador por Maryland planteó esta misma pregunta al vicepresidente Félix Ulloa, en relación con Abrego García. Ulloa respondió que la administración de Trump está pagando a El Salvador para mantener a migrantes como García en el CECOT. Según informes, la administración de Trump habría acordado pagar a El Salvador 6 millones de dólares para albergar a cientos de migrantes deportados desde EE. UU. por un periodo de hasta un año. En la conferencia de prensa del 18 de abril, van Hollen declaró a los medios que el acuerdo entre Trump y Bukele podría alcanzar los 15 millones de dólares.

Los migrantes no son los únicos que están siendo blanco de deportaciones al CECOT. Durante la visita de Bukele a la Casa Blanca el 14 de abril, Trump fue grabado diciendo que también quiere enviar a ciudadanos estadounidenses al CECOT. “Los criminales connacionales son los siguientes”. Y agregó: “Tienen que construir como cinco cárceles más”. A lo que Bukele respondió: “tenemos espacio”. Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han afirmado que la detención extraterritorial de ciudadanos estadounidenses es ilegal, pero Trump confirmó después que “lo estamos evaluando y queremos hacerlo”. La alianza entre EE. UU. y Bukele representa una convergencia dentro de la creciente tendencia autoritaria internacional. Sin embargo, esta alianza no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de un proyecto político deliberado que Bukele ha venido impulsando desde hace años. Pero para entender cómo el país llegó a este punto, hay que mirar hacia atrás y ver cómo Bukele transformó a El Salvador en lo que él mismo llama una dictadura.

El “dictador más cool del mundo”

Durante años, El Salvador enfrentó una de las tasas de homicidios más altas del mundo, impulsada por las prácticas de extorsión de pandillas como la MS-13. Esta pandilla se originó en Los Ángeles, California, inicialmente para defender a inmigrantes salvadoreños de otras pandillas ya establecidas en la zona, pero con el tiempo se volvió más estructurada y violenta. Tras las deportaciones masivas en los años 90, la MS-13 se expandió por Centroamérica, alcanzando un alto nivel de control territorial en El Salvador. Las comunidades solían quedar atrapadas en el fuego cruzado, con una inseguridad generalizada y poca confianza en las instituciones estatales para protegerlas. Bukele llegó al poder prometiendo acabar con la violencia, usando un discurso firme contra las pandillas y una política de militarización que apeló al miedo y a la frustración generalizada, ganando así el apoyo popular. Sin embargo, según integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la política de seguridad de Bukele se basa en un pacto con las pandillas, no en una guerra contra ellas. Ellos explican que, aunque el presidente asegura que hay 80,000 pandilleros y terroristas en prisión, la Policía Nacional Civil solo reporta el decomiso de 4,000 armas, 20,000 teléfonos celulares y 4 millones de dólares. No ha habido capturas de líderes de alto rango de las pandillas, ni se ha extraditado a quienes han cometido delitos en Estados Unidos.

Los líderes de movimientos sociales describen el ascenso de Bukele como un claro ejemplo de autoritarismo: envuelto en un discurso antipandillas, respaldado por Estados Unidos y aplicado mediante una represión masiva. Bukele goza de apoyo popular “porque la gente percibe una mejora en la seguridad, y él ha impuesto la idea de que los partidos tradicionales eran corruptos y libraron una guerra que causó tragedias”. Los activistas sostienen que eliminar a la izquierda como una opción política viable ha sido un objetivo deliberado del “clan empresarial” de Bukele. Ellos señalan que el mandatario ha atacado directamente al FMLN, una antigua guerrilla que lideró la lucha armada contra la dictadura respaldada por EE. UU. en los años 80 y que más tarde impulsó reformas democráticas clave a través de los Acuerdos de Paz. “El FMLN es víctima de una campaña de desprestigio por parte del régimen… cuya influencia en el Estado y la sociedad ha disminuido significativamente. Tras gobernar durante 10 años, el FMLN no tiene presencia en la Asamblea Legislativa ni gobierna ninguna alcaldía”, afirma un comunicado del Bloque. Para comprender mejor cómo Bukele consolidó el poder y suprimió a la oposición, los activistas señalan momentos clave de la historia reciente. A continuación, una breve línea del tiempo del régimen de Bukele: 2019 – Bukele es elegido presidente:  Rompiendo con los dos partidos dominantes (ARENA y FMLN), fundó el partido Nuevas Ideas y se presentó como un reformista joven, hábil en las redes sociales. 2020 – Bukele irrumpe en la Asamblea Legislativa con militares:  Acompañado de soldados y policías fuertemente armados, Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares, con el fin de militarizar a la policía y al ejército bajo el argumento de combatir a las pandillas.  Organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron la acción, mientras activistas la vincularon con la historia de las dictaduras militares en El Salvador. 2021 – Remueve a jueces de la Corte Constitucional y adopta el Bitcoin:  Bukele reemplazó a los jueces de la Corte Constitucional por aliados leales y destituyó al fiscal general, consolidando el control absoluto sobre los tres poderes del Estado.  El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, a pesar de protestas masivas.  La nueva Corte dictaminó que la reelección presidencial ahora era legal, ignorando una prohibición constitucional. Bukele anunció su intención de postularse nuevamente en 2024.  El gobierno de EE. UU. aplicó cierta presión para que el proceso aparentara legalidad.  Críticos argumentan que gran parte de la propaganda de Bukele se basa en la idea de que está “cambiando el país”, mediante gestos simbólicos, obras públicas menores y algunos cambios en el Estado, como la reducción del número de gobiernos provinciales y municipales. 2022 – Se declara el “estado de excepción”  Tras un aumento en los homicidios, Bukele declaró un “estado de excepción”, suspendiendo derechos constitucionales y lanzando su llamada “guerra contra las pandillas”.  Los arrestos masivos sin orden judicial comenzaron. Muchas personas fueron detenidas sin pruebas ni debido proceso. Los activistas calificaron el estado de excepción como un “mecanismo de contención social”, y denunciaron que líderes populares habían sido blanco de detenciones, generando miedo y reduciendo las protestas. 2023 – Se presenta el CECOT  La mega cárcel con capacidad para 40,000 personas es inaugurada con una campaña propagandística que muestra a los prisioneros de forma deshumanizante.  La inversión en Bitcoin pierde más del 50% de su valor, lo que le cuesta a El Salvador cientos de millones de dólares.  Surgen irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la familia Bukele. La ley de compras públicas es prácticamente derogada, lo que limita el acceso del público a información sobre el gasto y los contratos del gobierno.  La oposición política en el gobierno ha sido prácticamente eliminada: 55 de los 60 diputados pertenecen al partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI). 43 de las 44 alcaldías están en manos de NI y sus aliados. La mayoría de la población rechaza al FMLN e incluso a los partidos tradicionales de derecha que no están en el poder. 2024 – Bukele gana la reelección  A pesar de la prohibición constitucional de la reelección, Bukele se postula nuevamente a la presidencia y gana. Bukele cuenta con el respaldo de sus cortes y del ejército, en un clima de miedo y encarcelamientos masivos justificados bajo el discurso de la “seguridad interna”.  El gobierno de EE. UU. respalda su reelección ilegal.  Investigaciones revelan que la familia Bukele ha incrementado significativamente sus propiedades durante el mandato de Nayib Bukele (valuadas en 9.2 millones de dólares), colocándolos entre el 2% de los mayores productores de café del país.  Bukele revierte la histórica prohibición de la minería metálica, lo que desata un movimiento de protesta a nivel nacional. Actualmente, el “estado de excepción” de Bukele continúa de manera indefinida. Los reportes de tortura, desapariciones y detenciones políticas han aumentado. Mientras tanto, el presidente salvadoreño se está promocionando a nivel mundial como un líder modelo de la ultraderecha y disfruta de una lucrativa alianza con el gobierno estadounidense. A medida que la represión se intensifica, también crece la resistencia popular. Los movimientos sociales por la libertad de los presos políticos y contra el “estado de excepción” siguen organizándose, siendo el más importante el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

Resistencia salvadoreña

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es una organización compuesta por 35 organizaciones sociales de diversos sectores de la sociedad: estudiantes, mujeres, campesinos, sindicatos, profesionales, entre otros. Marisel Ramírez, una organizadora del Bloque, declaró a ‘Peoples Dispatch’: “Estas organizaciones se unieron en enero de 2021 para denunciar los graves retrocesos que hemos sufrido desde que el clan empresarial de Bukele asumió el poder, y para exigir el fin de las políticas represivas del gobierno”. Al explicar las estrategias y tácticas del Bloque, Marisel señaló que “las organizaciones que forman parte del Bloque actúan de acuerdo a sus propias demandas, visibilizando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el estado de excepción”. En sus palabras, la resistencia no adopta una sola forma: se desarrolla en múltiples frentes interconectados. Aquí algunos ejemplos: 1. Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) - Familiares de personas detenidas movilizan a sus comunidades y protestan contra los arrestos arbitrarios, exigiendo justicia y libertad para sus seres queridos. 2. Fuerza Estudiantil Salvadoreña - Estudiantes se mantienen en resistencia frente a las detenciones de universitarios bajo el régimen de excepción. 3. Resistencia Feminista - Mujeres se organizan y movilizan en torno a los impactos económicos, emocionales y familiares de las detenciones arbitrarias de personas inocentes, así como los abusos de poder por parte de militares y policías. - Estas fuerzas, según Marisel, “exigen ‘favores sexuales’ a cambio de ‘beneficios’, como no llevarse a alguien, agilizar procesos judiciales o permitir el acceso a productos de higiene personal”. 4. Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) - Moviliza a campesinos y trabajadores agrícolas, denunciando la escasez de mano de obra en el campo debido al alto nivel de migración provocado por el estado de excepción. A pesar del enfoque autoritario de Bukele y su campaña de encarcelamiento masivo, la resistencia en El Salvador sigue creciendo, liderada por familias de personas detenidas y desaparecidas, organizaciones estudiantiles, colectivos feministas y sindicatos campesinos que se niegan a guardar silencio. Su lucha busca demostrar que el CECOT no es solo una prisión, sino un arma de poder político dirigida contra los pobres y alimentada por la complicidad internacional. Lo que resulta cada vez más evidente es que Estados Unidos busca expandir su maquinaria de deportación y externalizar la represión y el encarcelamiento a terceros países como El Salvador. A medida que estas políticas transnacionales avanzan, quedan preguntas urgentes: ¿Hasta dónde llegará Trump para atropellar los límites legales y aplicar este modelo represivo? ¿Comenzarán los ciudadanos estadounidenses a enfrentar la deportación y detención en el CECOT? ¿Y cómo responderá la población en EE. UU. ante esta alianza autoritaria cada vez más profunda?