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Durante mucho tiempo se ha dado por hecho que las embajadas deben tratarse como “zonas prohibidas” para otras naciones. Sin embargo, en una sola semana, dos gobiernos, ambos democracias establecidas desde hace tiempo, han sido acusados de violar de diferentes maneras las leyes que rigen las misiones diplomáticas extranjeras. En primer lugar, el 1 de abril de 2024 la embajada de Irán en Damasco fue bombardeada, presumiblemente por Israel, matando a varios comandantes de alto rango de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Días después, el 5 de abril, la policía ecuatoriana entró por la fuerza en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que solicitaba asilo político. Ambas acciones han dado lugar a denuncias de violaciones del derecho internacional y acusaciones de que se contravino la Convención de Viena, que establece la inmunidad de las misiones diplomáticas. Como buen conocedor de la vida de las embajadas – he sido jefe de misión de Chile en China, India y Sudáfrica y coedité ‘The Oxford Handbook of Modern Diplomacy’– creo que los dos incidentes son más preocupantes de lo que gran parte de la comunidad internacional parece creer. Al contrario de la famosa ocurrencia del difunto empresario y candidato presidencial Ross Perot, las embajadas no son sólo “reliquias de los tiempos de los veleros”. Más bien, en un mundo cada vez más complejo en el que los conflictos geopolíticos, las migraciones masivas, las pandemias y el cambio climático exigen una gestión diplomática cuidadosa y estable, cualquier incidente que erosione la inviolabilidad de las normas de las embajadas podría tener graves consecuencias negativas y conducir a un mundo más peligroso.

Curiosa indiferencia ante el ataque a la embajada

De los dos incidentes recientes, el atentado contra la embajada iraní es el más grave, ya que supuso la pérdida de vidas humanas y dio lugar a advertencias de ataques de represalia. Sin embargo, los países occidentales, cuyos dirigentes suelen manifestar su preocupación por el mantenimiento del llamado “orden basado en normas”, se han mostrado poco dispuestos a condenar el acto. Cabe destacar que las tres democracias liberales del Consejo de Seguridad de la ONU – Estados Unidos, Reino Unido y Francia – se negaron a condenar el ataque contra la embajada de Irán cuando se les planteó la cuestión. Israel, aunque no reconoció oficialmente su responsabilidad, argumentó que la residencia del embajador iraní no era realmente una sede diplomática sino “un edificio militar disfrazado de edificio civil”. Como tal, para Israel era un objetivo perfectamente legítimo. Pero según esta lógica, casi todas las embajadas se considerarían un objetivo legítimo. Casi por definición, la gran mayoría de las embajadas – especialmente las de los países más grandes – están pobladas por un número significativo de personal militar y de inteligencia. El sugerir que, por esa razón, las embajadas deberían perder su inmunidad diplomática y convertirse en objetivos legítimos de ataques armados derrumbaría todo el marco legal de la Convención de Viena. Y con él se vendría abajo la estructura en la que se basan las interacciones diplomáticas formales en todo el mundo.

Principios diplomáticos fundamentals

El caso de Ecuador, aunque menos grave porque no se tradujo en víctimas mortales, es un poco más complejo y exige algunas aclaraciones. En el centro de la disputa diplomática entre Ecuador y México se encuentra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que cumplió cuatro años atrás de las rejas tras una condena en 2017 por cargos de corrupción. Glas se enfrenta ahora a un juicio por diferentes cargos, lo que motivó su solicitud de asilo en la Embajada de México en diciembre de 2023. México aceptó la solicitud y así se lo transmitió al gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano justificó su decisión de enviar policías a la embajada mexicana por considerar que Glas no puede recibir asilo político al tratarse de un delincuente convicto. La afirmación tiene cierta base: según la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954 de la Organización de Estados Americanos, no se puede conceder asilo político a delincuentes condenados a menos que los cargos en que se base la condena sean de naturaleza política. Pero al mismo tiempo, el artículo 21 de la Convención de Viena establece que las misiones diplomáticas gozan de plena inmunidad y extraterritorialidad. Eso implica que el gobierno anfitrión no tiene derecho a entrar en una embajada sin la autorización del jefe de la misión. Ecuador argumenta que México abusó de su inmunidad diplomática, por lo que no le quedó más remedio que enviar a la policía. Sin embargo, aquí hay que hacer una distinción crucial. Mientras que la inmunidad diplomática y la extraterritorialidad de las misiones extranjeras son principios fundamentales de la Convención de Viena, el asilo político es una cuestión aparte que debe tratarse por separado. Como tal, si el gobierno ecuatoriano consideraba que Glas no reunía los requisitos para el asilo político, podría haber intentado bloquear legalmente el traslado o denegar el salvoconducto para que el solicitante de asilo saliera de la embajada y abandonara el país. Sin embargo, México tendría motivos de peso para oponerse a tales medidas, ya que, según la Convención sobre el Derecho de Asilo de 1954, corresponde al Estado que concede el asilo decidir si el caso tiene una motivación política.

Implicaciones para el futuro

Independientemente de los méritos del caso de asilo, enviar el equivalente de un equipo SWAT para asaltar la embajada representa una violación deliberada de las normas diplomáticas. Existe un largo historial de políticos latinoamericanos solicitantes de asilo que han pasado muchos años encerrados en embajadas porque los gobiernos no les han concedido un salvoconducto, entre los que destaca el dirigente peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que pasó cinco años en la embajada de Colombia en Lima. Sin embargo, salvo contadas excepciones, ni siquiera en la época más oscura de las dictaduras militares latinoamericanas de los años sesenta y setenta se permitió a la policía irrumpir en los edificios de las embajadas para detener a los solicitantes de asilo. Y esto pone de relieve lo que hace que las acciones de Ecuador sean especialmente preocupantes. Precisamente por los problemas de inestabilidad política y tradición de golpes militares que tiene América Latina, las leyes en torno al asilo político y la inmunidad diplomática son necesarias. Si se socava la Convención de Viena de la forma en que lo ha hecho Ecuador, se corre el riesgo de sentar un precedente que otros gobiernos podrían verse tentados a seguir. El asilo político en América Latina ha funcionado tradicionalmente como una válvula de seguridad que permite a los líderes depuestos salir del peligro. Debilitar las estructuras diplomáticas de apoyo al asilo dificultará la gestión de las rupturas democráticas. También se corre el riesgo de exacerbar los desacuerdos regionales. Ya lo estamos viendo con México, que está rompiendo relaciones con Ecuador como resultado del asalto a la embajada.

Dificultar la diplomacia

Por supuesto, las violaciones a embajadas no carecen de precedentes. La dictadura de Guatemala atacó la embajada española en Ciudad de Guatemala en 1980, matando a varios solicitantes de asilo, entre ellos un exvicepresidente. Y el gobierno militar de Uruguay envió fuerzas de seguridad a la embajada de Venezuela en Montevideo en 1976 para detener a un militante de izquierdas que había solicitado asilo, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero aquellos sucesos del pasado relativamente lejano fueron ampliamente condenados en su momento, y con razón, como producto de regímenes autoritarios poco respetuosos con las convenciones internacionales. La actitud internacional comparativamente relajada ante las violaciones de las embajadas por parte de Israel y Ecuador refleja, en mi opinión, una incapacidad para comprender la importancia de la erosión de la inmunidad y las normas diplomáticas. A medida que aumentan los desafíos globales, las embajadas y sus representantes adquieren más importancia, no menos. Si lo que se extrae de los dos últimos incidentes en embajadas es que la protección de los locales diplomáticos puede ser secundaria frente a lo que sea políticamente conveniente en un día determinado, entonces será muy perjudicial para la gestión de las relaciones internacionales. La diplomacia resultará mucho más difícil. Y dada la enormidad de los retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día, eso es lo último que necesita cualquier país.