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Una de las banderas más importantes y ambiciosas del gobierno de Gustavo Petro para Colombia es la Paz Total. Su apuesta busca un camino negociado con los grupos armados ilegales en el país, esto incluye guerrillas y grupos criminales, con el fin de acabar o disminuir de manera significativa la violencia en los territorios, sin duda suena soñador, ambicioso y retador. Infortunadamente, a lo largo de la historia de Colombia el conflicto armado ha sido una característica cotidiana que “pari passu” ha llevado a los diferentes gobiernos a proponer estrategias tendientes a superarlo, pero que a la hora de implementarlas evidencian que realmente es más complicado de lo que se cree. Sonaría ilógico que alguien no quiera la paz, pero los intereses, la vulnerabilidad de la población y las dinámicas del conflicto en Colombia son tan complejas y diversas que dificultan la implementación de la paz en todas sus esferas. Las estrategias para lograr la paz han estado tradicionalmente en el centro del debate nacional por quienes quieren dirigir el país. El gobierno Petro no ha sido excepción en ese propósito y ya elegido la ha priorizado de manera particular: con apertura a los Derechos Humanos y seguridad humana, manifestado un especial compromiso con la garantía de los derechos y la protección de la vida humana y medio ambiente, intentando construir una nueva relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En noviembre de 2022 el presidente Petro sancionó la Ley 2272 definiendo la política de la Paz Total, en la que prioriza la iniciación de diálogos y negociaciones con ELN, FARC-EMC, Segunda Marquetalia y bandas criminales. Esto muestra la importancia y voluntad del gobierno para conseguir diversos diálogos que ayuden a fortalecer la pacificación y transformación de los territorios. Sin embargo, se ha observado que, del discurso a la práctica, la ejecución de la política es mucho más complicada de lo que parece. Si bien es cierto que el presidente Petro recibió un país con grandes retos en temas de seguridad y paz, el panorama no ha cambiado. El gobierno Petro propone por medio de la política de la Paz Total reducir o acabar con la violencia, pero en definitiva eso no ha sido una realidad. La violencia en los territorios sigue siendo una constante para la población, se sigue presentando extorsión, asesinatos, secuestros, reclutamiento, entre otros. Según INDEPAZ, en el año 2023 hubo 94 masacres, 189 líderes y 42 firmantes de paz asesinado; luego en el 2023 hubo 94 masacres, 188 líderes y 44 firmantes de paz asesinados. Ya en lo que va del 2024 van 14 masacres, 36 líderes y 9 firmantes de paz asesinados. Esto demuestra que seguimos en una dinámica de retórica y no de ejecución políticas de protección a la vida. Escuchamos frecuentes discursos sobre la protección a la vida o Colombia potencia mundial de la vida, pero en la realidad, la violencia y graves violaciones a los derechos humanos no disminuyen y menos se detienen. En este punto preocupa la orientación e implementación de la política de paz del gobierno, ya que trasciende sólo la falta de rigurosidad, planeación e implementación. Uno de los factores positivos de la política es la oportunidad de tener 9 mesas de diálogo con grupos armados de origen y pensamiento totalmente diferentes. El gobierno ha logrado entablar conversaciones o acercamientos con: i) ELN, ii) FARC-EMC, iii) Segunda Marquetalia, iv) AGC, v) ACSN, vi) Shottas y Espartanos, vii) Oficinas en Medellín, viii) Las Fuerzas Armadas RPS, Los Locos Yam y Los Mexicanos y ix) Ex AUC, aunque algunos de estos espacios de diálogo se debilitan con el cambio del nuevo Comisionado de Paz. Esta pluralidad de espacios es la novedad que cambia el fenómeno histórico en Colombia, ya que tradicionalmente los gobiernos se han enfocado en dialogar con un solo grupo armado, mientras combaten militarmente a los demás. Habilitar 9 espacios de diálogo simultáneos es una tarea altamente retadora que requiere de estructura programática, expertos y dirección. Con estos espacios, el gobierno busca que los grupos armados demuestren sus voluntades de paz y logren una salida negociada a las dinámicas de violencia en los territorios. Otra medida positiva de la política de paz es que con algunos de los grupos armados se han firmado ceses bilaterales y temporales al fuego, con el objetivo de avanzar en los diálogos. Incluso, algunos se han prolongado. Esta medida además pretende disminuir los impactos que tiene el conflicto en la población civil, buscando así, la pacificación de los territorios. También se han logrado acuerdos, donde se han realizado corredores humanitarios para llevar alimento o medicina a veredas específicas o treguas entre los grupos para detener los asesinatos. La idea de dialogar con diversos grupos armados es que éstos demuestren su voluntad de paz reduciendo sus estrategias violentas de control social contra la población civil. No obstante, los grupos armados siguen operando de manera violenta en contra de la población, crecen en número de integrante y se expanden rápidamente en el territorio. Paradójicamente se dice que, gracias a los ceses temporales al fuego firmados con el gobierno nacional, ha facilitado a estos grupos su fortalecimiento. Lastimosamente, esta no es la primera vez que pasa algo similar, no se puede olvidar cuando en el gobierno de Pastrana, en la ‘zona de distensión’, las Frac ampliaron su poder armado. Según las Alertas Tempranas de la Defensoría, se confirma que FARC-EMC y Segunda Marquetalia, han aumentado su presencia, pasando de controlar 230 municipios a 299 en el año 2023. Los departamentos que se ven más afectados son Antioquia, Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca y Nariño. Incluso se ha evidenciado la falta de la presencia estatal en algunos lugares del país, donde grupos armados están inaugurando vías terciarías y entregando útiles escolares a niños, esto en definitiva solo demuestra el fortalecimiento de los grupos en los territorios y la ausencia del Estado Social de Derecho. Por otro lado, los números de los integrantes del ELN son alarmantes, las fuerzas militares indican que este grupo contaba con 4.000 integrantes y ahora rodean los 5.000. Otro grupo que es altamente alarmante es AGC, su expansión no ha parado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dijo a principios del 2023 que este grupo tenía cerca de 10.000 integrantes y actualmente, el grupo dice tener hasta 13 mil integrantes, eso significa un preocupante crecimiento del 30% aproximadamente. El fortalecimiento de los grupos armados es una realidad. Esto solo significa que algo dentro de la política de paz y los espacios de diálogo con los grupos, está fallando. Algunos grupos y disidentes de ellos han burlado en varias oportunidades a la población colombiana y a los acuerdos en los que se ha llegado en los espacios. Los grupos ilegales se han dedicado a realizar paros armados en comunidades vulnerables, desplazamiento forzado y reclutamiento. Para el año 2022 el 41% de los habitantes de las zonas más afectadas se sentían seguros, para el 2023 solo el 37% se sienten seguros, esto deja ver que la sensación de inseguridad cada vez crece más y que, en definitiva, no mejora la confianza institucional; todo lo contrario, está generando falta de credibilidad en las instituciones. Según el informe del 2023 de la Defensoría, el desplazamiento forzado es uno de los fenómenos que más rápido está creciendo. Nariño se vio afectado por 58 eventos que impactaron casi a 24 mil personas, también se registraron 215 confinamientos para el año pasado afectando a más de 18 mil familias, se dice que hubo un incremento del 63% en comparación con el 2022, donde se registraron 132 confinamientos. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la ONU también ha revisado 11 reglamentos de conducta elaborados por parte de los grupos armados no estatales impuestos en comunidades pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, Huila, Meta, Valle del Cauca, Tolima y Nariño. Estos reglamentos de conducta contienen pautas de control social que restringen derechos y tienen como objetivo someter a la población civil al control del grupo armado. Las acciones para reducir la violencia y su impacto en las comunidades deben ser concretas e inmediatas. Si bien es cierto que han disminuido los enfrentamientos entre los grupos armados y la fuerza pública, es un hecho que los enfrentamientos entre los grupos armados, con el impacto no deseado sobre la población, han aumentado de manera significativa, que incluso hoy son la fuente principal de violencia, generando así una desarticulación entre la política de seguridad y la política de paz total. El Ministerio de Defensa gastó casi todo el primer año definiendo y planeando la política de seguridad, pese a los esfuerzos, hoy solo se evidencia una fuerza pública pasiva en su actuar, ausente en regiones, sin articulación con los entes locales y sin lineamientos o estrategias específicas para combatir la violencia y buscar la protección de la vida. La política de paz total por ahora no está dando la respuesta esperada a los territorios, muchas veces hasta la misma población percibe que no tiene un norte claro. Los grupos armados deben demostrar su voluntad real de paz, como acuerdo para reducir la violencia contra la población civil. Es necesario reforzar y mejorar la articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana de los territorios. Por las cifras referidas, la política de Paz Total debería tener un giro radical, debiendo ser mucho más aterrizada y consiente de las dinámicas reales del conflicto en Colombia y entender muy bien el alcance que puede tener, dado que ya sólo quedan dos años y medio de gobierno. Colombia no puede seguir naturalizando la violencia, necesita una política de paz que genere resultados concretos y que verdaderamente proteja la vida. Las armas no son la solución y tenemos que seguir fortaleciendo el diálogo para la pacificación de los territorios, siempre y cuando, esta vía tenga una estructura, un norte y una agenda clara, de lo contrario, seguirá siendo sólo un discurso alentador y hasta esperanzador, pero que en la realidad se siguen contando muertes, masacres y violaciones a los derechos humanos.