Defense & Security
La expansión del yihadismo desde el Sahel a los países costeros del Golfo de Guinea (reedición)
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First Published in: May.14,2024
Jun.24, 2024
La crisis de seguridad que atraviesa el Sahel se está expandiendo a las regiones del norte de los países costeros del golfo de Guinea: Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana. Hasta hace poco, los expertos en contraterrorismo desconfiaban de la capacidad de los yihadistas para expandirse por el litoral de África occidental porque estos Estados, a diferencia de sus vecinos sahelianos, son más estables políticamente y tienen un mayor control de sus fronteras. Sin embargo, aunque los países de la costa no son tan frágiles como los del Sahel, presentan vulnerabilidades estructurales perpetuadas por una división norte-sur en cuanto a desarrollo y oportunidades económicas. A estas diferencias socioeconómicas se añade un factor religioso: a diferencia del Sahel, los países del golfo de Guinea cuentan con una población cristiana numerosa y unas élites que a veces han tendido a marginar a los musulmanes. De esta manera, los grupos yihadistas están siendo eficaces a la hora de explotar el resentimiento contra el Estado entre las comunidades presentes en las regiones fronterizas del norte de los señalados países y están consiguiendo reclutar a jóvenes con vínculos socio-étnicos con el Sahel.
La crisis de seguridad que atraviesa el Sahel central se está expandiendo a las regiones septentrionales de los países costeros del golfo de Guinea: Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana. De esta manera, los incidentes violentos y los ataques terroristas están traspasando las porosas fronteras de Burkina Faso con los Estados costeros. Entre enero de 2021 y julio de 2023, 459 incidentes — 171 disturbios sociales y 288 episodios de violencia — se han registrado en las regiones del norte de Benín, Togo, Ghana y Costa de Marfil (Reliefweb, 2023).
La red de áreas forestales protegidas de la región facilita la expansión yihadista. Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín albergan un total aproximado de 588 reservas forestales que cubren alrededor de 142,000 km2. 188 de esas reservas, incluidas cuatro de las cinco mayores, se encuentran a menos de diez kilómetros de una frontera internacional. Solo en Costa de Marfil hay 249 reservas. Ninguna de ellas está separada por más de veintiséis kilómetros de una frontera y más de una cuarta parte linda con otra reserva. Estas zonas protegidas son fundamentales para preservar la vida salvaje que queda en la región, pero están en el centro de un problema de seguridad sin precedentes. Como escondites y vías para actuar pasando inadvertidos, las reservas son un recurso que favorece los planes de expansión de los grupos terroristas (Brottem, 2022a). Los yihadistas [1] vinculados tanto al Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) como a la franquicia regional de Al Qaeda, Jama'at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), llevan años desplazándose con impunidad por estas reservas forestales. El movimiento se observó por primera vez a lo largo de los corredores de trashumancia que se extienden desde el sur de Argelia hasta estos bosques en las fronteras de los Estados litorales, poco después de que comenzaran las operaciones antiterroristas de Francia en Mali en 2013. Los yihadistas locales, familiarizados con estos corredores, se desplazaron hacia el sur en busca de espacios de descanso seguros en los bosques durante las operaciones francesas en el Sahel. Estas reservas forestales dificultan la vigilancia aérea, proporcionan acceso a suministros de alimentos y combustible, y facilitan el discreto reclutamiento de jóvenes para que se unan a la causa yihadista entre las comunidades marginadas (Bernard, 2021). Así, grupos como JNIM e ISGS han demostrado su eficacia a la hora de transformar a una serie de actores armados — bandidos, rebeldes, milicianos, contrabandistas, militantes locales y cazadores furtivos — en grupos aliados y auxiliares, estableciendo una unidad de propósito para subvertir el control estatal y facilitar las actividades ilícitas (Nsaibia, 2020). La salida al mar de estos cuatro países y su posición estratégica favorecen la implantación del crimen organizado en sus territorios, que opera en sus puertos y costas como centro logístico y de distribución. Así, el golfo de Guinea y concretamente Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria constituyen un punto de entrada y de tránsito en las rutas del tráfico de armas y de la cocaína y otros estupefacientes. Otras actividades delictivas importantes son el contrabando de tabaco, motocicletas y vehículos a motor. Este tráfico ilícito fomenta directamente la actividad terrorista ya que, aparte del vínculo entre los grupos terroristas y las redes criminales para la adquisición de armas, puede establecerse una relación entre el flujo ilegal de determinados productos y el modus operandi de las organizaciones yihadistas. El tráfico ilícito de fertilizantes es un ejemplo, puesto que son introducidos como productos de contrabando desde Ghana a Burkina Faso y utilizados para la creación de artefactos explosivos improvisados (Collado, 2021). Así pues, en el norte de los países costeros se viene registrando una creciente presencia de células yihadistas que, antes de cometer atentados, desarrollan un proceso de acercamiento e implantación local. La llegada de este tipo de violencia a los países ribereños del golfo de Guinea es una fuente de especial preocupación para los Gobiernos de estos cuatro países, pero también para la comunidad internacional, que teme que la desestabilización de la región sea origen de nuevas crisis humanitarias u ocasión de que se agraven problemas preexistentes. Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana son económicamente más fuertes que sus vecinos septentrionales del Sahel, pero cuentan también con debilidades: factores como la falta de oportunidades económicas y educativas entre la juventud, las disputas étnicas, la diferencia entre las condiciones de vida de las poblaciones del norte y del sur o los conflictos por el dominio de tierras facilitan el posible establecimiento de grupos terroristas (Summers, 2022). Hasta hace poco, los expertos en contraterrorismo desconfiaban de la capacidad de los yihadistas para expandirse por el litoral de África occidental porque estos Estados, a diferencia de sus vecinos sahelianos, son más estables políticamente y tienen un mayor control de sus fronteras. Según esta lógica, las fuerzas de seguridad y las estructuras de gobierno más sólidas hacían que el yihadismo no fuera bienvenido. Sin embargo, aunque los países de la costa no son tan frágiles como los del Sahel, presentan vulnerabilidades estructurales perpetuadas por una división norte-sur en cuanto a desarrollo y oportunidades económicas. El subdesarrollo predomina en el norte debido a la lejanía de las ciudades en auge económico cercanas a los puertos. La brecha norte-sur se agrava por las deficientes infraestructuras y la falta de carreteras. Las poblaciones del norte suelen verse privadas de recursos — como el acceso al empleo y a la educación — de los que disponen las regiones más industrializadas del sur (Bernard, 2021). A estas diferencias socioeconómicas e intercomunitarias se añade un factor religioso: a diferencia del Sahel, los países del golfo de Guinea cuentan con una población cristiana numerosa y unas élites que a veces tienden a marginar a los musulmanes (Guiffard, 2023).
La actividad de grupos yihadistas en Benín ha aumentado significativamente desde 2019. Las zonas más afectadas se encuentran en las regiones del norte, donde su población tiene mucho en común geográfica y étnicamente con la de los Estados vecinos. En los últimos años, varios grupos yihadistas han aprovechado los bosques benineses para refugiarse y escapar de la presión de los esfuerzos antiterroristas regionales. Un área clave es el complejo que forman los parques nacionales de W, Arly y Pendjari (WAP), una región patrimonio natural mundial de la UNESCO dividida entre Benín, Burkina Faso y Níger. Los parques nacionales han permitido operar en muchas ocasiones a estos grupos armados no estatales sin ser detectados, transformando la región en una plataforma de lanzamiento para su expansión hacia la sabana de África occidental.
Hasta hace poco, los grupos yihadistas habían utilizado la zona del Parque Nacional de W, en Benín, principalmente como base de retaguardia para operaciones en Burkina Faso y Níger. Sin embargo, entre 2019 y 2023 se repitieron los ataques perpetrados por grupos terroristas, la mayoría de las veces contra fuerzas de seguridad del Estado. Los principales grupos yihadistas que operan en el norte de Benín son JNIM, su grupo aliado burkinés Ansaroul Islam, así como ISGS (Cristiani, 2023). La presencia de estos grupos armados en el Parque Nacional de W está perturbando los esfuerzos de conservación y los medios de subsistencia locales, alimentando las luchas entre agricultores y pastores nómadas por la tierra y el agua. Estos grupos yihadistas están siendo eficaces a la hora de reclutar a jóvenes pastores musulmanes benineses, la mayoría fulani, con vínculos socio-étnicos con el Sahel (Brottem, 2022b). Se trata de una región periférica donde sus habitantes han sido ignorados de manera habitual por los Gobiernos centrales y carecen de servicios sociales, lo que hace que estas poblaciones sean especialmente vulnerables a la infiltración y al reclutamiento por parte de grupos islamistas. En los últimos tres años se está produciendo una creciente afluencia de predicadores islámicos radicales que facilitan el arraigo de los yihadistas en las comunidades locales tanto a través de sus prédicas como mediante su infiltración en las escuelas islámicas locales (Lepidi, 2023). El siguiente paso es imponer la sharia, sobre todo a las mujeres, y en algunos casos ya han obligado a niñas menores de edad a casarse. Además, los yihadistas están llevando a cabo acciones de contrabando de diversas mercancías como oro, armas o dinero y comercian con rebaños (Internatinoal Crisis Group, 2023a). Como ha ocurrido en los países vecinos, los grupos yihadistas explotan el resentimiento contra el Estado de las comunidades presentes en las regiones fronterizas del norte de Benín, entre las que existe un descontento generalizado con las autoridades centrales. A menudo se considera que las autoridades y las instituciones oficiales de Benín son incapaces de aportar soluciones a los problemas locales y se las tacha de opacas, discriminatorias y corruptas (Lepidi, 2023). Para los yihadistas, la posición geográfica de Benín es muy importante. Su ubicación como escala intermedia para los viajeros que transitan desde Mali o Burkina Faso a Nigeria lo convierten en un importante baluarte para favorecer la expansión de los grupos terroristas entre Nigeria y el Sahel. Además, el hecho de que el hausa sea la lengua franca en el norte de Nigeria y de que sea muy utilizada en algunas zonas del norte de Benín contribuye a facilitar las operaciones transfronterizas de bandidos y yihadistas nigerianos (Zenn, 2023). Los yihadistas del norte de Benín están tomando el control durante la noche. Circulan en caravanas de motocicletas con un único faro encendido y bajan a las aldeas para atacar o para realizar actividades ilícitas. Los lugareños observan que estos imprevisibles movimientos nocturnos permiten a los miembros de estos grupos estar presentes en muchas partes de manera intermitente, lo que dificulta la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado. Las enormes dimensiones de los parques nacionales de la frontera entre Benín, Burkina Faso y Níger causan que vigilarlos y proporcionar seguridad en las comunidades adyacentes sea una tarea difícil. Los yihadistas que operan en esta zona han desplazado a las autoridades civiles y han eliminado a los agentes de seguridad mediante amenazas y atentados. Este vacío deja a las comunidades locales aún más expuestas a los secuestros y las extorsiones (Brottem, 2022a). Las autoridades gubernamentales beninesas aseguran que se están tomando en serio las amenazas terroristas y afirman haber detenido a setecientos sospechosos, la mayoría de ellos procedentes de Benín, Nigeria, Níger y Burkina Faso. La primera señal de alarma, que confirmaba que Benín se encontraba en el punto de mira de los yihadistas, ocurrió en mayo de 2019 cuando dos turistas franceses fueron secuestrados cerca del Parque Nacional de Pendjari, en territorio beninés, por un grupo yihadista procedente de Burkina Faso. Los dos fueron liberados tras la intervención del ejército francés, pero su guía beninés fue asesinado (Vidjingninou, 2022). Menos de dos años más tarde, en febrero de 2021, JNIM perpetraba su primer atentado también en el norte del país. Entre otras acciones, en septiembre de 2022, los yihadistas asesinaron a dos agentes de aduanas y secuestraron a tres personas vinculadas al Gobierno, lo que señalaba un alarmante repunte de la violencia yihadista en el norte de Benín. Paralelamente, en junio de 2022, JNIM perpetraba un atentado en el vecino Togo, lo que ponía de manifiesto que la expansión del yihadismo hacia la costa de África occidental había cogido ritmo (Zenn, 2023).
El 7 de abril de 2023, la Asamblea Nacional de Togo votó a favor de prorrogar doce meses el estado de emergencia en la región de Savanes, en el norte del país. La medida se aprobó por primera vez en junio de 2022 y se ha ido prorrogando. La situación de estado de emergencia refleja la preocupación del Gobierno togolés por la creciente amenaza de grupos armados no estatales a lo largo de la frontera de Togo con Burkina Faso (Agence France Presse, 2023). Esta prórroga se producía después del atentado yihadista de febrero de 2023 que costó la vida a treinta y un civiles en la localidad de Kpendjal, en la región de Savanes (Crisis24, 2023). Se trata del ataque más mortífero perpetrado por grupos terroristas en la historia del país. Aunque el atentado sigue sin reivindicarse, los informes publicados por medios de comunicación locales defienden que la autoría apunta a militantes de JNIM. Togo registró su primer atentado a principios en noviembre de 2021, cuando yihadistas procedentes de Burkina Faso se enfrentaron a las fuerzas militares togolesas en un puesto de seguridad de Sanloaga, en la región de Savanes (Zenn, 2021). En mayo de 2022 otro nuevo atentado causó la muerte de ocho militares en Kpendjal, en la frontera con Burkina Faso (Reuters, 2022). La mayor parte de la actividad de los militantes en Togo se ha dirigido contra las fuerzas de seguridad en puestos avanzados rurales, aunque los civiles de las aldeas de la región también han sido objetivo de ataques. La región septentrional de Savanes, con una población de 860,000 habitantes en un área de 8,600 km2 , alberga importantes problemas económicos, sociales y políticos que han facilitado la penetración de grupos yihadistas desde el Sahel: desempleo masivo, falta de infraestructuras, lejanía del poder central, sensación de marginación de las poblaciones rurales y septentrionales respecto a las élites urbanas del sur, y estigmatización e infrarrepresentación de las comunidades nómadas minoritarias fulani en los Gobiernos locales. Además, hay que añadir que el contrabando de armas ligeras y drogas se ha convertido en una salida para paliar el desempleo entre la población de la región fronteriza del país con Burkina Faso. De hecho, el control de la economía sumergida en esta zona se ha convertido en uno de los motores de la expansión de los grupos yihadistas hacia el norte de Togo (Merz, 2022).
En junio de 2020, en la frontera con Burkina Faso, terroristas de JNIM perpetraban el primer atentado yihadista que golpeaba Costa de Marfil desde los tiroteos de 2016 en el complejo turístico de Grand-Bassam por parte de Al Qaeda en el Magreb. Aunque el ataque de 2020 suponía un episodio poco frecuente en Costa de Marfil, no era un hecho sorprendente, ya que los militantes yihadistas presentes entre Burkina Faso y Costa de Marfil habían podido crecer y desarrollar sus capacidades sin dificultades en buena parte gracias a la escasa coordinación, hasta ese momento, entre los dos Gobiernos. Los militantes de JNIM establecieron su presencia en la región fronteriza entre Burkina Faso, Costa de Marfil y Mali en 2015. A pesar de que la violencia política organizada fue esporádica y la red fue presumiblemente desmantelada por las fuerzas de seguridad, los remanentes de estos grupos mantuvieron su presencia en la zona (Nsaibia, 2020). En mayo de 2020, Costa de Marfil y Burkina Faso decidieron unirse para hacer frente a la amenaza común y lanzaron a ambos lados de la frontera una operación conjunta a gran escala contra combatientes de JNIM bautizada como Operación Comoé. El resultado de la operación fue el desmantelamiento de una base de militantes yihadistas cerca del pueblo de Alidougou, la muerte de ocho combatientes y la detención de veinticuatro sospechosos en Burkina Faso y de catorce en Costa de Marfil. En la operación también se incautaron armas, munición, memorias USB y teléfonos móviles (Jeune Afrique, 2020). Poco tiempo después de que finalizara la Operación Comoé, el 11 de junio de 2020, combatientes de JNIM atacaron un puesto militar en la aldea fronteriza de Kafolo y mataron a catorce soldados marfileños. Este hecho demostraba que, incluso después de una operación conjunta a gran escala, los yihadistas fueron capaces de reagruparse y lanzar, en cuestión de días, un devastador atentado con un destacado número de víctimas en un proceso mucho más rápido en comparación con el largo proceso de coordinación entre las autoridades marfileñas y burkinesas (Nsaibia, 2020). El atentado supuso una llamada de atención para el Gobierno marfileño, que tomó represalias con ataques aéreos y no tardó en anunciar que había localizado y detenido al presunto cerebro del atentado de Kafolo. En respuesta al atentado y a la persistente inseguridad a lo largo de las fronteras septentrionales del país, el Gobierno autorizó además la creación de una zona militar operativa en el norte con el fin de mejorar la vigilancia fronteriza e impedir la infiltración de militantes yihadistas. Las autoridades de Costa de Marfil también han creado un cuerpo de policía comunitaria que trabaja en colaboración con los ciudadanos locales para transmitir información a las fuerzas de seguridad y han emprendido campañas de sensibilización en las regiones del norte (Le Figaro, 2020). No obstante, ante el problema del terrorismo, Costa de Marfil ha combinado la acción militar con una respuesta de naturaleza socioeconómica mediante la inversión en programas que tienen como objetivo ofrecer bienestar social y oportunidades de subsistencia especialmente a jóvenes y mujeres que viven en las aldeas amenazadas directamente por el yihadismo. Además, el Gobierno es consciente de que el país es la mayor economía del África occidental francófona y mantiene estrechos lazos con la antigua potencia colonial. Así, Costa de Marfil es un escaparate de Occidente y, para los yihadistas, desestabilizar el país tendría un importante valor propagandístico (International Crisis Group, 2023b).
Aunque en Ghana la amenaza yihadista podría no ser tan perceptible como entre sus vecinos de la costa, también preocupa la penetración yihadista procedente de Burkina Faso en las provincias septentrionales. Así, en el norte del país se dan las condiciones favorables para el reclutamiento: considerable población musulmana y dificultades económicas de la comunidad. Ghana está expuesta a la actividad yihadista en su territorio debido a su proximidad con la región de Cascades en Burkina Faso y el norte de Costa de Marfil. De hecho, la creciente presencia de grupos de combatientes yihadistas en la región de Cascades, así como la intensificación de una estrategia de ataques contra la vecina Costa de Marfil, hacen del norte de Ghana una región transfronteriza ideal de repliegue y control para los grupos armados, sobre todo porque estas zonas ofrecen acceso a actividades ilegales muy atractivas como la extracción clandestina de oro o el robo de ganado (Merz, 2022). El hecho de que la actividad yihadista en Ghana sea aparentemente menor podría estar relacionado con varios factores. El primero es que se trata del único país anglófono de la región, lo que puede estar dificultando (aunque no evitando) el reclutamiento transfronterizo por parte de los yihadistas francófonos de JNIM (Moody, 2022). Otro factor es que el Gobierno se ha tomado muy en serio la amenaza y ha hecho importantes esfuerzos para mejorar la seguridad. Así, se ha reforzado de manera significativa la presencia militar en el norte, donde el ejército se esfuerza para implicar a la población local y animar a los ciudadanos a informar de incidentes sospechosos cerca de sus casas. Esto se puso de manifiesto sobre todo con la campaña «Si ves algo, di algo», que animaba a la población local a telefonear a una línea directa antiterrorista si veían algo sospechoso (Africa Defense Forum, 2022a). A pesar de las medidas de prevención antiterrorista, existen pruebas de que los grupos yihadistas están establecidos en el norte del país. Así, tras la operación militar Otapuanu en el sureste de Burkina Faso en marzo de 2019, en la que fuerzas militares burkinesas trataron de desarticular células del JNIM y de ISGS, las autoridades de ese país informaron de que se habían descubierto elementos extremistas en el norte de Ghana. También hay evidencias de que en el Sahel hay un número considerable de combatientes yihadistas ghaneses. Se calcula que hasta dos centenares de jóvenes ghaneses han abandonado el país para participar en grupos yihadistas en Burkina Faso o Mali y que, en un futuro, pueden volver a sus pueblos de origen para realizar actividades de proselitismo religioso. Además, todo apunta a que JNIM utiliza Ghana como zona de acopio de recursos, en particular motocicletas, lo que indica que es probable que los yihadistas ya conozcan bien el terreno del país (Moody, 2022). En noviembre de 2019, fuerzas militares de Ghana y Togo detuvieron en territorio ghanés a ciento setenta presuntos militantes yihadistas cerca de la frontera entre ambos países. Se trataba de una operación de seguridad conjunta, denominada Koudanlgou III, cuyo objetivo era frenar los planes terroristas y otros actos delictivos en los que estarían trabajando los detenidos (Ghana Web, 2019). En octubre de 2022 las fuerzas de seguridad ghanesas detuvieron a un clérigo islámico y a doce de sus seguidores por presuntas actividades terroristas en la localidad de Nangun, en el distrito de Karaga. Al parecer, los individuos tenían vínculos con un grupo yihadista de Burkina Faso (Geopolitical Report, 2022). En abril de 2023, mil efectivos de las fuerzas especiales del ejército ghanés fueron enviados a Bawku, en la región del Alto Este, después de que tres funcionarios de inmigración fueran tiroteados, uno de los cuales resultó muerto (My Info Gh, 2023).
Tras el secuestro de dos ciudadanos franceses y su guía en Benín en mayo de 2019, las autoridades del país se plantearon si habían hecho todo lo que estaba en su mano para enfrentarse a la amenaza terrorista. A pesar de las advertencias, el Ejecutivo beninés no había reforzado la seguridad en la zona fronteriza. En cuanto al parque Pendjari, solo estaba vigilado por guardas forestales de African Parks, una ONG sudafricana. Las fuerzas de seguridad del Estado no estaban presentes, a pesar de que esta reserva forestal limita con el bosque de Arly y el departamento de Pama, en Burkina Faso, conocidos por ser puntos calientes de grupos criminales y yihadistas (Barry, 2019). En respuesta al aumento de la amenaza, los Estados costeros de África occidental han ido adoptando un enfoque militar en la lucha antiterrorista mediante el incremento de la seguridad transfronteriza. Así, en los dos últimos años, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín han ampliado el despliegue de tropas en sus regiones septentrionales. Los Estados costeros cuentan con ejércitos relativamente pequeños que oscilan entre los diez mil y los dieciséis mil efectivos y, por lo general, no se encuentran lo bastante entrenados y equipados. Los Gobiernos de estos países se han mostrado especialmente interesados en adquirir drones para vigilar las fronteras y realizar ataques selectivos. Además, están tratando de fortalecer las relaciones bilaterales regionales para llevar a cabo operaciones conjuntas y compartir información (Stratfor, 2022). En el ámbito de las organizaciones internacionales de África occidental, las instituciones e iniciativas multilaterales se enfrentan a dos problemas: financiación insuficiente y disputas y rivalidades entre sus miembros, lo que limita la cooperación y coordinación eficaz en la lucha antiterrorista. Las principales iniciativas que componen la arquitectura de seguridad regional son la Fuerza Conjunta del Sahel G5 (que previsiblemente desaparecerá tras el nuevo pacto de seguridad firmado en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger, y que viene a consagrar la apuesta por Rusia y la expulsión de Francia) (Al Jazeera, 2023); la Fuerza de Reserva de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO); la Fuerza Multinacional Conjunta que lucha contra Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) y Boko Haram en la cuenca del lago Chad; y la Iniciativa de Accra, un mecanismo multilateral de cooperación en materia de seguridad establecido por Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana y Togo en 2017, que además cuenta con Mali y Níger como miembros observadores. Cinco años después de su creación, la Iniciativa de Accra ha acordado reunir una fuerza militar multinacional para ayudar a detener la propagación del yihadismo. Esta fuerza operativa estará compuesta por diez mil soldados, la mayoría de los cuales estarán destinados en Tamale (Ghana), con un componente de inteligencia en la capital burkinesa, Uagadugú. A pesar de la reciente retirada de fuerzas europeas del Sahel, la Iniciativa de Accra ha recibido 135 M € por parte de la Unión Europea. Se calcula que la fuerza multinacional conjunta requiere 550 M $ para funcionar eficazmente y los Estados miembros esperan que, a parte de la Unión Europea, puedan aportar fondos la Unión Africana, la CEDEAO y Gran Bretaña. Nigeria ha aceptado unirse a esta iniciativa como observador y proporcionar apoyo aéreo y logístico (Africa Defense Forum, 2022b). Además, según publicó un diario alemán el pasado mes de agosto, los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE ya han llegado a un acuerdo para lanzar en los próximos meses una misión civil-militar en Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Todavía no se ha definido el número de policías y soldados que se desplegarán en el golfo de Guinea, ya que la misión está pendiente de aprobación oficial por parte de las instituciones comunitarias. Según la fuente citada por el rotativo alemán, existe preocupación entre los países europeos por que los grupos yihadistas expandan sus actividades en la región y desestabilicen los países costeros del golfo de Guinea. Los Ejecutivos de Benín y de Ghana ya habrían emitido la invitación necesaria para que la misión europea se establezca en su territorio (Schiltz, 2023).
La inestabilidad política y los golpes de Estado en los países del Sahel, que han llevado aparejada la retirada de la presencia militar francesa de Mali, Burkina Faso y Níger, ofrecen a los grupos yihadistas nuevas oportunidades de ampliar sus posiciones, expandirse en el territorio e incrementar de esta manera su capacidad de amenazar a los países costeros del golfo de Guinea. Por otro lado, la deriva de la presencia de los mercenarios del grupo Wagner en el Sahel es una incógnita tras la muerte de Prigozhin, pero, en cualquier caso, los paramilitares rusos no parece que vayan a ser la solución para la crisis de seguridad que padece la región. La fragilidad política de los Gobiernos golpistas del Sahel y la inseguridad regional se reforzarán mutuamente y cabe esperar con ello que la amenaza yihadista sobre Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana siga creciendo. No obstante, varios factores podrían dificultar la progresión de los grupos yihadistas más al sur, empezando por la necesidad de crear alianzas locales. Los grupos yihadistas son numéricamente pequeños, lo que dificulta su capacidad para retener territorio. Uno de sus principales puntos fuertes son las alianzas que pueden establecer localmente, mediante la persuasión o la amenaza, con líderes locales y comunidades marginadas. Sin embargo, a medida que los grupos yihadistas se desplacen hacia el sur, les resultará difícil establecer bases duraderas y conseguir el apoyo de los habitantes de las regiones predominantemente cristianas. Además, perderán gran parte de su capacidad para moverse sin ser detectados entre la población local. No obstante, la reciente oleada de golpes de Estado en el Sahel ha puesto de manifiesto que no es necesario que los yihadistas se extiendan por todo el territorio de un país para crear una crisis que desemboque en un Estado fallido y en el caos (Walther, 2023). De lo destacado en el presente capítulo se desprende que la prevención de la amenaza terrorista depende de decisiones y actuaciones de naturaleza militar, pero también de una mejor integración política y social de las poblaciones que viven en las regiones periféricas del norte. Aunque en principio no exista una política deliberada de discriminación, el sentimiento de marginación parece ser uno de los motivos que explicaría que jóvenes de estas regiones decidan colaborar o sumarse a la causa de los grupos yihadistas. La respuesta antiterrorista debería pasar por fortalecer la presencia social e inversora del Estado en las regiones septentrionales de estos países con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos o a oportunidades de empleo, y también por reforzar el diálogo entre las fuerzas de seguridad y la población. En este conflicto no hay todavía nada decidido y será crucial, para evitar la expansión yihadista en la región, la cooperación de los países de África occidental en organizaciones regionales como la Iniciativa de Accra y la CEDEAO. Igualmente, será de gran ayuda la colaboración militar con la Unión Europea, muchos de cuyos países se ven hoy concernidos (y se verían mañana afectados) por la expansión de la amenaza yihadista en el golfo de Guinea.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [1] El yihadismo es un tipo de ideología caracterizada por el frecuente uso del terrorismo con el objetivo de restaurar la grandeza originaria del islam tanto desde el punto de vista espiritual como político. Esta restauración pasa por la reislamización de las sociedades musulmanas desde la más estricta ortodoxia y la aspiración de crear estructuras políticas que velen y promuevan la realización de dichos principios. El ámbito de actuación puede ser únicamente regional, pero todas las líneas coinciden en el deseo de lograr la unión de todos los musulmanes, y la voluntad de extender el Islam por todo el planeta. (https://www.wikiwand.com/es/Yihadismo).· Africa Defense Forum (2022a). Dans sa lutte contre l’extrémisme, le Ghana exhorte ses citoyens à dire quelque chose s’ils voient quelque chose. Africa Defense Forum. 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Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa del Gobierno de España). Área de investigación: África Subsahariana (desde 2020-actualmente). Doctorado en Paz y Seguridad Internacional y Magíster en Estudios Internacionales. Licenciado en Ciencias Políticas y Periodismo.
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